LEY N° 783

LEY DE 18 DE FEBRERO DE 2016

EVO MORALES AYMA

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

Por cuanto, la Asamblea Legislativa Plurinacional, ha sancionado la siguiente Ley:

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL,

DECRETA:

Artículo Único. De conformidad con el Artículo 158, Parágrafo I numeral 13, de la Constitución Política del Estado, se aprueba la transferencia, a título gratuito, en razón a sus aportes sociales realizados con anterioridad, de un bien inmueble de propiedad del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, con una superficie de 5800,20 metros cuadrados (m²), ubicado en la Avenida Constitución, entre Avenida Chacaltaya y Prolongación Constitución, Zona Norte del Municipio de La Paz, Provincia Murillo del Departamento de La Paz, registrado en las oficinas de Derechos Reales de La Paz bajo el Folio Real con Matrícula Computarizada N° 2.01.0.99.0075121, cuyas colindancias no se consigan en la escritura de referencia; a favor de la Confederación General de Trabajadores Fabriles de Bolivia, en un porcentaje equivalente al 94,5% y el 5.5% a la Federación de Trabajadores Gráficos, de conformidad a la Resolución Ministerial N° 307 del 18 de noviembre de 2015, emitido por el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, con destino exclusivo para su Sede Social.

Remítase al Órgano Ejecutivo para fines constitucionales.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, a los doce días del mes de enero del año dos mil dieciséis.

Fdo. José Alberto Gonzales Samaniego, Lilly Gabriela Montaño Viaña, Rubén Medinaceli Ortiz, Víctor Hugo Zamora Castedo, Nelly Lenz Roso, A. Claudia Tórrez Diez.

Por tanto, la promulgo para que se tenga y cumpla como Ley del Estado Plurinacional de Bolivia.

Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los dieciocho días del mes de febrero del año dos mil dieciséis.

FDO. EVO MORALES AYMA, Juan Ramón Quintana Taborga, Milton Claros Hinojosa, José Gonzalo Trigoso Agudo.

CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO DE 1878

En el nombre de Dios
El pueblo boliviano representado por la Asamblea Constituyente de mil ochocientos setenta y siete, sanciona y proclama la siguiente:
CONSTITUCION
SECCION PRIMERA
DE LA NACION

Artículo 1.- Bolivia libre e independiente, constituida en República unitaria, adopta para su Gobierno la forma democrática representativa.
Artículo 2.- El Estado reconoce y sostiene la Religión Católica, Apostólica, Romana; prohibiendo el ejercicio público de todo otro culto.

SECCION SEGUNDA
DE LOS DERECHOS Y GARANTIAS

Artículo 3.- La esclavitud no existe en Bolivia. Todo esclavo que pise el territorio boliviano es libre.
Artículo 4.- Todo hombre tiene el derecho de entrar en el territorio de la República, permanecer, transitar y salir de él, sin otras restricciones que las establecidas por el derecho internacional; de trabajar y ejercer toda industria lícita; de publicar sus pensamientos por la prensa, sin previa censura; de enseñar bajo la vigilancia del Estado, sin otras condiciones que las de capacidad y moralidad; de asociarse, de reunirse pacíficamente y hacer peticiones individual o colectivamente. La instrucción primaria es gratuita y obligatoria.
Artículo 5.- Nadie puede ser arrestado, detenido, ni preso, sino en los casos y según las formas establecidas por la ley; requiriéndose para la ejecución del respectivo mandamiento, que éste emane de autoridad competente y sea intimado por escrito.
Artículo 6.- Todo delincuente in fraganti puede ser aprehendido, aun sin mandamiento, por cualquier persona, para el único objeto de conducirle ante el juez competente, quien deberá tomarle su declaración, a lo más, dentro de veinticuatro horas.
Artículo 7.- Los encargados de las prisiones a nadie recibirán en ellas como arrestado, preso o detenido, sin copiar en su registro el mandamiento correspondiente. Podrán sin embargo recibir en el recinto de la prisión a los conducidos con el objeto de ser presentados al juez competente; pero esto bajo la obligación de dar cuenta a dicho juez dentro de veinticuatro horas.
Artículo 8.- Los atentados contra la seguridad personal, hacen responsables a sus autores inmediatos, sin que pueda servirles de excusa el haberlos cometido de orden superior.
Artículo 9.- Nadie puede ser juzgado por comisiones especiales o sometido a otros jueces que los designados con anterioridad al hecho de la causa. Solo los que gozan de fuero militar podrán ser juzgados por consejos de guerra.
Artículo 10.- Nadie está obligado a declarar contra sí mismo, en materia criminal, ni lo están sobre el mismo hecho, sus parientes consanguíneos hasta el cuarto grado inclusive, ni sus afines hasta el segundo. En ningún caso se empleará el tormento ni otro género de mortificaciones.
Artículo 11.- Jamás se aplicará la confiscación de bienes como castigo político. Son inviolables la correspondencia epistolar y los papeles privados, los cuales no podrán ser ocupados sino en los casos determinados por las leyes y en virtud de orden escrita y motivada de autoridad competente. No producen efecto legal las cartas ni papeles privados violados o sustraídos.
Artículo 12.- Toda casa es un asilo inviolable: de noche no se podrá entrar en ella sin consentimiento del que la habita, y de día sólo se franqueará la entrada a requisición escrita y motivada de autoridad competente, salvo el caso de delito in fraganti. Ningún militar será alojado en tiempo de paz en casa particular, sin consentimiento del dueño: ni en tiempo de guerra, sino en la manera que prescribe la ley.
Artículo 13.- La propiedad es inviolable; la expropiación no podrá imponerse sino por causa de utilidad pública, calificada conforme a ley, previa indemnización justa.
Artículo 14.- Ningún impuesto es obligatorio sino cuando ha sido establecido por el Poder Legislativo conforme a las prescripciones de esta Constitución. Todos pueden intentar el recurso ante la autoridad judicial respectiva contra los impuestos ilegales. Los impuestos municipales son obligatorios, cuando en su creación se han observado los requisitos señalados por esta Constitución.
Artículo 15.- Ningún dinero se sacará de los tesoros nacional, departamental, municipal y de instrucción, sino conforme a los respectivos presupuestos. La cuenta de cada trimestre se publicará, cuando más tarde, dentro de los sesenta días transcurridos desde su expiración. El Ministro de Hacienda publicará la cuenta correspondiente al Tesoro Nacional: los superintendentes la referente a sus respectivos ramos.
Artículo 16.- La igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas. Ningún servicio personal es exigible, sino en virtud de ley o de sentencia ejecutoriada.
Artículo 17.- Los bienes raíces de la iglesia y las propiedades pertenecientes a los establecimientos de educación, beneficencia y municipalidades, a comunidades o corporaciones religiosas, gozaran de las mismas garantías que las de los particulares.
Artículo 18.- La deuda pública está garantizada. Todo compromiso contraído por el Estado conforme a las leyes, es inviolable.
Artículo 19.- Todo hombre goza en Bolivia de los derechos civiles; su ejercicio se regla por la ley civil.
Artículo 20.- Solo el Poder Legislativo tiene autoridad para alterar y modificar los códigos, así como para dictar reglamentos o disposiciones en lo tocante a procedimientos judiciales.
Artículo 21.- Queda abolida la pena de muerte, exceptuándose los únicos casos de castigarse con ella, el asesinato, el parricidio y la traición a la Patria: se entiende por traición la complicidad con el enemigo durante el estado de guerra extranjera.
Artículo 22.- Quedan abolidas la pena de infamia y la muerte civil.
Artículo 23.- Son nulos los actos de los que usurpen funciones que no les competen; así como los actos de los que ejercen jurisdicción o potestad que no emane de la ley.
Artículo 24.- Los principios, garantías y derechos reconocidos en los artículos anteriores, no podrán ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio.
Artículo 25.- Los que ataquen los derechos y garantías constitucionales, no gozan de fuero y quedan sujetos a la jurisdicción ordinaria.

SECCION TERCERA
DE LA CONSERVACION DEL ORDEN PUBLICO

Artículo 26.- En los casos de grave peligro por causa de conmoción interior o guerra exterior, que amenace la seguridad de la República, el jefe del Poder Ejecutivo, con dictamen afirmativo del Consejo de Ministros, podrá declarar el estado de sitio, en la extensión del territorio que fuere necesario, y por todo el tiempo que lo reputare indispensable.
Artículo 27.- La declaración del estado de sitio produce los siguientes efectos:
1.       El Ejecutivo podrá aumentar el ejército permanente y llamar al servicio activo la guardia nacional.
2.       Podrá negociar la anticipación que fuere indispensable de las contribuciones y rendimientos de las rentas nacionales con el correspondiente descuento; igualmente podrá negociar por vía de empréstito, el dinero suficiente, siempre que no puedan cubrirse los gastos con las rentas ordinarias.
3.       Podrá reducir el pago de las listas civil y eclesiástica, y las asignaciones municipales, en una proporción que sea suficiente para cubrir los gastos militares que se originaren por la alteración del orden público; mas esa reducción no podrá exceder de un cincuenta por ciento sobre las fijaciones del presupuesto.
4.       Las garantías y los derechos que consagra esta Constitución, no quedarán de hecho suspensos en general con la declaratoria del estado de sitio; pero podrán serlo respecto de señaladas personas, fundadamente sindicadas de tramar contra la tranquilidad de la República; y esto se efectuará, según se establece en los siguientes párrafos.
5.       Podrá la autoridad legítima expedir órdenes de comparendo o arresto contra los sindicados del crimen enunciado en el párrafo anterior, debiendo ponerlos dentro de setenta y dos horas, (si fuere posible), a disposición del juez competente a quien pasará los documentos que dieren lugar al arresto, con las diligencias que se hayan practicado. Si los enjuiciamientos no pudieren efectuarse dentro de dicho término, podrán ser reservados para cuando se haya restablecido el orden material, pero en ningún caso, a no ser el de amnistía, podrá omitirse el enjuiciamiento. Si la conservación del orden público exigiere el alejamiento de los sindicados, la autoridad podrá ordenarlo, con tal de que sea a una distancia no mayor de cincuenta leguas, y a lugares no mal sanos. El alejamiento o arresto solo podrá tener lugar cuando el individuo no prefiera salir fuera de la República.
6.       Podrá igualmente suspender o retener la correspondencia epistolar sin violarla, y restablecer el uso de los pasaportes para las personas que entren o salgan del territorio sitiado.

Artículo 28.- El Gobierno dará cuenta a la próxima legislatura del uso que hubiese hecho de las atribuciones que le confiere el estado de sitio, expresando el resultado de los enjuiciamientos ordenados e indicando las medidas indispensables para satisfacer los créditos que se hubiesen contraído tanto por préstamos directos como por reducciones en el pago de las listas y percepción anticipada de los impuestos.
Artículo 29.- El Congreso dedicará sus primeras sesiones al examen de la cuenta a que se refieren el artículo precedente pronunciando su aprobación, o bien declarando la responsabilidad del Poder Ejecutivo.
Artículo 30.- Ni el Congreso ni ninguna asociación, ni reunión popular puede conceder al Poder Ejecutivo facultades extraordinarias, ni la suma del poder público, ni otorgarle supremacías por las que la vida, el honor y los bienes de los bolivianos queden a merced del gobierno, ni de persona alguna. Los diputados que promuevan, fomenten o ejecuten estos actos, son de hecho indignos de la confianza nacional.

SECCION CUARTA
DE LOS BOLIVIANOS

Artículo 31.- Son bolivianos de nacimiento:
1.       Los nacidos en el territorio de la República.
2.       Los que nacieren en el extranjero de padre o madre bolivianos en servicio de la República o emigrados por causas políticas, son bolivianos aun para los casos en que la ley exige la condición de haber nacido en el territorio boliviano.
Artículo 32.- Son también bolivianos:
1.       Los hijos de padre o madre bolivianos, nacidos en territorio extranjero, por el solo hecho de avecindarse en Bolivia.
2.       Los extranjeros que habiendo residido un año en la República, declaren ante la municipalidad del lugar en que residan, su voluntad de avecindarse.
3.       Los extranjeros que por privilegio obtengan carta de naturaleza de la Cámara de Diputados.

SECCION QUINTA
DE LA CIUDADANIA

Artículo 33.- Para ser ciudadano se requiere:
1.       Ser boliviano.
2.       Tener veintiún años siendo soltero, o dieciocho siendo casado.
3.       Saber leer y escribir, y tener una propiedad inmueble, o una renta anual de doscientos bolivianos, que no provenga de servicios prestados en clase de doméstico.
4.       Estar inscrito en el registro cívico.
Artículo 34.- Los derechos de ciudadanía consisten:
1.       En concurrir como elector o elegido a la formación o al ejercicio de los poderes públicos.
2.       En la admisibilidad a las funciones públicas, sin otro requisito que la idoneidad, salvas las excepciones establecidas por esta Constitución.
Artículo 35.- Los derechos de ciudadanía se pierden:
1.       Por naturalización en país extranjero.
2.       Por condenación judicial de los tribunales competentes a pena corporal hasta la rehabilitación.
3.       Por quiebra fraudulenta declarada.
4.       Por admitir empleos, funciones o condecoraciones de un gobierno extranjero sin especial permiso del Senado.
Artículo 36.- Los derechos de ciudadanía se suspenden por estar “sub judice” en virtud de un decreto de acusación, o por estar ejecutado como deudor de plazo cumplido al fisco.

SECCION SEXTA
DE LA SOBERANIA

Artículo 37.- La soberanía reside esencialmente en la Nación; es inalienable e imprescriptible, y su ejercicio está delegado a los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial. La independencia de estos poderes es la base del Gobierno.
Artículo 38.- El pueblo no delibera ni gobierna sino por medio de sus representantes y de las autoridades creadas por la Constitución. Toda fuerza armada o reunión de personas, que se atribuya los derechos del pueblo, comete delito de sedición.

SECCION SEPTIMA
DEL PODER LEGISLATIVO

Artículo 39.- El Poder Legislativo reside en el Congreso Nacional, compuesto de dos Cámaras: una de Diputados y otra de Senadores.
Artículo 40.- Se reunirá ordinariamente cada año en la capital de la República el día 6 de agosto, aunque no haya habido previa convocatoria: sus sesiones durarán sesenta días útiles, prorrogables hasta noventa a juicio del mismo Congreso o a petición fundada del Poder Ejecutivo.
Artículo 41.- Si alguna vez a juicio del Ejecutivo, conviniese por graves razones que un congreso ordinario no se reúna en la capital de la República, podrá expedir la convocatoria señalando otro lugar.
Artículo 42.- El Congreso puede reunirse extraordinariamente por acuerdo de la mayoría absoluta de ambas Cámaras, o por convocatoria del Poder Ejecutivo, quien en este caso determinará el lugar de la reunión. En ambos casos ha de ocuparse el Congreso exclusivamente de los negocios designados en su convocatoria.
Artículo 43.- Las Cámaras deben funcionar con la presencia, cuando menos, de la mayoría absoluta de sus respectivos miembros, a un mismo tiempo, en un mismo lugar, y no podrá comenzar o terminar la una sus funciones en un día distinto del de la otra.
Artículo 44.- Los diputados y senadores podrán ser nombrados Presidente o Vicepresidente de la República, Ministros de Estado, agentes diplomáticos o jefe militar en tiempo de guerra, cesando por el hecho en el ejercicio de sus funciones legislativas.
Artículo 45.- Fuera de los casos del artículo anterior, no podrán los senadores y diputados admitir empleos. Los empleados civiles, eclesiásticos y militares, a sueldo fijo o eventual, no podrán ser diputados ni senadores.
Artículo 46.- Los diputados y senadores son inviolables, en todo tiempo por las opiniones que emitan en el ejercicio de sus funciones.
Artículo 47.- Ningún senador o diputado, desde el día de su elección hasta el término de la distancia para que se restituya a su domicilio, podrá ser acusado, perseguido o arrestado, salvo el caso de delito in fraganti sujeto a pena corporal, si la Cámara a que pertenece no da licencia. Tampoco podrá ser demandado civilmente durante el período designado en el párrafo anterior.
Artículo 48.- Las sesiones del Congreso y de ambas Cámaras serán públicas, y no podrán ser secretas sino cuando los dos tercios de los miembros convengan en ello.
Artículo 49.- Cuando un mismo ciudadano fuere nombrado senador y representante, preferirá el nombramiento de senador.
Artículo 50.- Si fuere nombrado diputado o senador por dos distritos o departamentos, lo será por el que él elija.
Artículo 51.- Los cargos de senador y representante son renunciables.
Artículo 52.- Son atribuciones del Poder Legislativo:
1.       Dictar leyes, abrogarlas, modificarlas e interpretarlas.
2.       Imponer contribuciones de cualquier clase o naturaleza, suprimir las existentes y determinar en caso necesario su repartimiento entre los departamentos o provincias.
3.       Fijar en cada legislatura los gastos de la administración pública.
4.       Fijar igualmente en cada legislatura la fuerza militar que ha de mantenerse en pie en tiempo de paz. Las contribuciones se decretan por solo el tiempo de dieciocho meses y la fuerza se fija solo por igual tiempo.
5.       Autorizar al Ejecutivo para contratar empréstitos designando los fondos para servirlos; reconocer las deudas contraídas y establecer el modo de cancelarlas.
6.       Crear nuevos departamentos o provincias, arreglar sus límites; habilitar puertos mayores y establecer aduanas.
7.       Fijar el peso, ley, valor, tipo y denominación de las monedas; autorizar la emisión y circulación de billetes de banco; y arreglar el sistema de pesos y medidas.
8.       Conceder subvenciones o garantías de interés para la construcción de ferrocarriles, canales, carreteras y demás empresas de vialidad.
9.       Permitir el tránsito de tropas extranjeras por el territorio de la República, determinando el tiempo de su permanencia en él.
10.     Permitir que residan cuerpos del ejército permanente en el lugar de las sesiones del Congreso y diez leguas a su circunferencia.
11.     Permitir la salida de tropas nacionales fuera del territorio de la República, señalando el tiempo de su regreso.
12.     Crear y suprimir empleos públicos, determinar o modificar sus atribuciones y fijar sus dotaciones.
13.     Decretar amnistías y conceder indultos a determinadas personas, previo informe de la Corte Suprema.
14.     Aprobar o desechar los tratados y convenciones de toda especie.

SECCION OCTAVA
DEL CONGRESO

Artículo 53.- Cada Cámara calificará la elección de sus respectivos miembros, pudiendo separarlos temporal o definitivamente; corregir todas las infracciones de su reglamento; organizar su secretaría; nombrar todos los empleados de su dependencia; formar su presupuesto y ordenar su pago, y entender en todo lo relativo a la economía y policía interior.
Artículo 54.- Las Cámaras se reunirán en Congreso para los casos siguientes:
1.       Para abrir y cerrar sus sesiones.
2.       Para verificar el escrutinio de las actas de elecciones de Presidente y Vicepresidente de la República, hacerlas por sí mismo cuando no resulten conforme a los artículos 84, 85, 86 y 87.
3.       Para recibir el juramento de los funcionarios expresados en el párrafo anterior.
4.       Para admitir o negar la excusa de los mismos.
5.       Para aprobar o negar los tratados y convenios públicos celebrados por el Poder Ejecutivo.
6.       Para reconsiderar las leyes observadas por el Ejecutivo.
7.       Para resolver la declaratoria de guerra a petición del Ejecutivo.
8.       Aprobar o desaprobar la cuenta de hacienda que debe presentar el Ejecutivo.
9.       Determinar el número de la fuerza armada.
10.     Dirimir por dos tercios de votos de la totalidad de sus miembros las competencias que les susciten el Ejecutivo y la Corte Suprema y por mayoría absoluta de votos las que se susciten entre los expresados poderes, o entre las Cortes de Distrito y la de Casación.
Artículo 55.- No podrá delegar a uno o muchos de sus miembros, ni a otro poder las atribuciones que tiene por esta Constitución.

SECCION NOVENA
DE LA CAMARA DE DIPUTADOS

Artículo 56.- Esta Cámara se compondrá de diputados elegidos directamente por los ciudadanos a simple pluralidad de sufragios. Una ley arreglará estas elecciones y señalará el número de diputados.
Artículo 57.- Para ser diputado se requiere:
1.       Estar inscrito en el registro nacional.
2.       Tener veinticinco años cumplidos; ser boliviano de nacimiento y poseer una renta anual de 400 bolivianos procedentes de una profesión, industria o propiedad inmueble.
3.       No haber sido condenado a pena corporal por los tribunales ordinarios.
Artículo 58.- Los diputados ejercerán sus funciones por cuatro años, renovándose por mitad en cada bienio, en el primero saldrán por suerte.
Artículo 59.- Es privativa de la Cámara de Diputados la iniciativa en los casos de las atribuciones 2, 3, 4 y 5 del artículo 52.
Artículo 60.- Son atribuciones de la Cámara de Diputados:
1.       Acusar ante el Senado al Presidente y Vicepresidente de la República, a los Ministros de Estado, a los de la Corte Suprema y a los agentes diplomáticos por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones.
2.       Elegir magistrados de la Corte Suprema de las ternas propuestas por el Senado.

SECCION DECIMA
DE LA CAMARA DE SENADORES

Artículo 61.- El Senado de la República se compone de dos senadores por cada departamento.
Artículo 62.- Para ser Senador se necesita:
1.       Ser boliviano de nacimiento y ciudadano inscrito en el registro nacional.
2.       Tener treinta y cinco años cumplidos.
3.       Tener una renta anual de 800 bolivianos, ya provenga de una propiedad inmueble o de industria o profesión.
4.       No haber sido condenado a pena corporal en virtud de sentencia pronunciada por los tribunales ordinarios.
5.       Tener cuatro años de residencia en la República inmediatamente antes de la elección, a no ser que la ausencia del país haya sido por razones de servicio público.
Artículo 63.- Los senadores ejercerán sus funciones por el período de seis años, pudiendo ser reelegidos indefinidamente. El Senado se renueva por tercias partes, debiendo salir por suerte un tercio en cada uno de los dos primeros bienios.
Artículo 64.- Son atribuciones de la Cámara de Senadores:
1.       Oír las acusaciones hechas por la Cámara de Diputados contra los funcionarios expresados en el artículo 60. En este caso se limitará el Senado a decir si ha o no lugar a la acusación propuesta: decidiéndose por la afirmativa, suspenderá de su empleo al acusado, y lo pondrá a disposición de la Corte Suprema para que lo juzgue conforme a las leyes. El Senado juzgará definitivamente a los Ministros de la Corte Suprema y les aplicará la responsabilidad, ya sea que le acusación provenga de la Cámara de Diputados, de querella de los ofendidos o de denuncia de cualquier ciudadano. En los casos previstos por los dos incisos anteriores será necesario el voto de los dos tercios de los miembros presentes. Una ley especial arreglará el curso y formalidades de estos juicios.
2.       Proponer ternas para arzobispo y obispos, a fin de que sean presentados por el Poder Ejecutivo para la institución canónica.
3.       Proponer ternas para magistrados de la Corte Suprema, a fin de que la Cámara de Diputados haga la elección.
4.       Rehabilitar como bolivianos y como ciudadanos respectivamente a los que hubiesen perdido estas calidades.
5.       Permitir a los bolivianos la admisión de honores, empleos, títulos o emolumentos de otro gobierno, siempre que no se opongan a las leyes de la República.
6.       Elegir en votación secreta, de las ternas propuestas por el Poder Ejecutivo, generales y coroneles de ejército.
7.       Decretar premios y honores públicos a los que merezcan por sus servicios a la República.

SECCION UNDECIMA
DE LA FORMACION Y PROMULGACION DE LAS LEYES
Y RESOLUCIONES DEL PODER LEGISLATIVO

Artículo 65.- Las leyes pueden tener origen en el Senado o en la Cámara de Diputados, a proposición de uno de sus miembros o por mensaje que dirija el Presidente de la República, a condición de que el proyecto será sostenido en los debates, cuando menos por uno de los Ministros del despacho; más no podrán hallarse en la votación. Queda exceptuado el caso previsto en el artículo 59.
Artículo 66.- Aprobado un proyecto de ley en la Cámara de su origen, pasará inmediatamente a la otra para su discusión y aprobación en el período de aquella legislatura.
Artículo 67.- El proyecto de ley que fuere desechado en la Cámara de su origen no podrá ser nuevamente propuesto ni en esa ni en la otra Cámara, hasta la legislatura siguiente.
Artículo 68.- Cuando la Cámara revisora desecha en su totalidad un proyecto de ley, la Cámara de su origen lo toma de nuevo en consideración, y si insiste por una mayoría de dos tercios de los miembros presentes, pasará a la otra Cámara segunda vez; y no se entenderá que ésta reitera su reprobación, sino lo hace con las dos terceras partes de sus miembros presentes, debiendo considerarse aprobado el proyecto cuando no sea reiterada la reprobación. Cuando se reitere la reprobación o cuando la Cámara de origen no insista en su aprobación, el proyecto no se podrá volver a proponer en la legislatura del mismo año.
Artículo 69.- Si la Cámara revisora se limita a enmendar o modificar el proyecto, éste se considerará aprobado, en caso de que la Cámara de origen acepte por mayoría absoluta las enmiendas o modificaciones. Pero si no las acepta, o si las corrige o altera, las dos Cámaras se reúnen para deliberar en un solo debate, bajo la dirección del Presidente del Senado, sobre el proyecto corregido. En caso de aprobación, será remitido al Ejecutivo para su promulgación como ley de la República; más si fuere desechado, no podrá ser propuesto de nuevo sino en una de las legislaturas siguientes.
Artículo 70.- Todo proyecto de ley sancionado por ambas Cámaras podrá ser observado por el Presidente de la República en el término de diez días desde aquel en que se le hubiese remitido; pero solamente en el caso de que en su discusión no hubiese estado presente el Ministro a cuyo departamento corresponde la ley. El proyecto no observado dentro de aquel término, debe ser promulgado; y si en el término recesare el Congreso, el Presidente publicará en el periódico oficial el mensaje de sus observaciones para que se tomen en consideración en la próxima reunión de las Cámaras.
Artículo 71.- Las observaciones del Ejecutivo se dirigirán a la Cámara en que tuvo origen el proyecto, y si ésta y la revisora, reunidas en Congreso, las hallan fundadas y las modifican, conforme a ellas el proyecto, lo devolverán al Ejecutivo para su promulgación. Si ambas Cámaras declaran infundadas las observaciones, por una mayoría de dos tercios de los miembros presentes, el Presidente de la República tiene el deber de promulgar la ley. Si el Ejecutivo rehúsa promulgar la ley, lo hará el Presidente del Senado para que tenga fuerza de tal.
Artículo 72.- Cuando en las deliberaciones de las Cámaras se trate únicamente de una decisión parlamentaria de su incumbencia exclusiva, la aprobación de las dos surtirá sus efectos sin la promulgación del Ejecutivo; debiendo este acto ser llenado por los presidentes y los secretarios. Los trámites que deben observarse en estos casos para el régimen de los debates y decisiones en lo concerniente a las relaciones que median entre la Cámara iniciadora y la revisora, serán los mismos que en los proyectos de ley.
Artículo 73.- Las Cámaras pueden, a iniciativa de sus respectivos miembros, acordar la censura de los actos de mera política del Ejecutivo, dirigiéndola contra los Ministros de Estado, separada o conjuntamente, según el caso, con el solo fin de obtener una modificación en el procedimiento político. Para el ejercicio de esta facultad, basta la decisión de la sola Cámara en la cual se haya iniciado el asunto, siendo suficiente el voto de la mayoría absoluta.
Artículo 74.- La promulgación de las leyes se hace por el Presidente de la República en esta forma: "Por cuanto el Congreso Nacional ha sancionado la siguiente ley.-Por tanto, la promulgo para que se tenga y cumpla como ley de la República". Las decisiones parlamentarias se promulgarán en esta forma: "El Congreso Nacional de la República, decreta.- Por tanto, este decreto se cumplirá con arreglo a la Constitución".

SECCION DUODECIMA
DEL PODER EJECUTIVO

Artículo 75.- El Poder Ejecutivo se encarga a un ciudadano con el título de Presidente de la República, y no se ejerce sino por medio de los Ministros Secretarios del despacho.
Artículo 76.- El período constitucional del Presidente de la República durará cuatro años, sin poder ser reelecto sino pasando un período.
Artículo 77.- Cuando en el intermedio de este período falte el Presidente de la República por renuncia, inhabilidad o muerte, será llamado a desempeñar sus funciones el Vicepresidente, que es electo junto con aquél, según se ordena en la Sección correspondiente, hasta la terminación del período constitucional. Cuando el Presidente de la República se pusiere a la cabeza del ejército en caso de guerra extranjera o civil, será también reemplazado por el Vicepresidente.
Artículo 78.- El Vicepresidente no puede ser reelecto en su cargo, ni elegido Presidente en el período inmediato, si hubiese ejercido el Poder Ejecutivo para completar el anterior. Si falta el Vicepresidente, harán sus veces el Presidente del Senado o el de la Cámara de Diputados; el segundo, a falta del primero.
Artículo 79.- Sólo podrán ser elegidos Presidente y Vicepresidente de la República, los bolivianos de nacimiento que tuvieren la elegibilidad de senadores. Ambos recibirán la dotación anual que asigne a sus servicios la ley, sin que durante su período pueda ser aumentada o disminuida y sin que puedan recibir otra compensación de cualquier género que fuere.
Artículo 80.- A tiempo de tomar cargo del Poder Ejecutivo, el Presidente prestará juramento solemne ante el Congreso, de desempeñar con fidelidad sus funciones y de conservar y defender la Constitución de la República.
Artículo 81.- El Vicepresidente prestará juramento ante el Congreso, después del presidente y en la misma forma que éste. Mientras el Vicepresidente no ejerza el Poder Ejecutivo, desempeñará el cargo de Presidente del Senado, sin perjuicio de que éste elija su Presidente para que haga las veces en ausencia de aquél.
Artículo 82.- La dotación del Vicepresidente será la de su cargo, cuando ejerza temporalmente las funciones de Presidente de la República; más si entra a funcionar para completar el período constitucional, gozará la dotación de Presidente de la República.
Artículo 83.- El Presidente y Vicepresidente de la República serán elegidos por sufragio directo y secreto de los ciudadanos en ejercicio. La ley arreglará esta elección.
Artículo 84.- El Presidente del Congreso, a presencia de éste, abrirá los pliegos cerrados y sellados que contengan las actas que se le remitan por los distritos electorales. Los secretarios asociados de cuatro miembros del Congreso procederán inmediatamente a hacer el escrutinio y a computar el número de sufragios en favor de cada candidato. Los que reúnan la mayoría absoluta de votos serán proclamados Presidente y Vicepresidente de la República.
Artículo 85.- Si ninguno de los candidatos para la Presidencia o Vicepresidencia de la República hubiese obtenido la pluralidad absoluta de votos, el Congreso tomará tres de los que hubiesen reunido el mayor número para el uno u otro cargo, y de entre ellos hará la elección.
Artículo 86.- Esta se verificará en sesión pública y permanente. Si hecho el primer escrutinio ninguno reuniese la mayoría absoluta de votos de los representantes concurrentes, la votación posterior se contraerá a los dos que en la primera hubiesen obtenido el mayor número de sufragios. En caso de empate, se repetirá la votación hasta que alguno de los candidatos obtenga mayoría absoluta.
Artículo 87.- El escrutinio y la proclamación de Presidente y Vicepresidente de la República se harán en sesión pública.
Artículo 88.- La elección de Presidente y Vicepresidente de la República, hecha por el pueblo y proclamada por el Congreso, o efectuada por éste, con arreglo a los artículos precedentes, se anunciará a la Nación por medio de una ley.
Artículo 89.- Son atribuciones del Presidente de la República:
1.       Negociar y concluir los tratados con las naciones extranjeras, ratificarlos y canjearlos, previa la aprobación del Congreso, nombrar cónsules y agentes consulares y ministros diplomáticos; admitir a los funcionarios extranjeros de esta clase, y conducir las relaciones exteriores en general.
2.       Dirigir las operaciones de la guerra declarada por una ley y mandar personalmente las fuerzas, observando lo dispuesto en el artículo 77. En tiempo de paz tiene el comando de las fuerzas de línea y de la guardia nacional conforme a las leyes y ordenanzas que dicte el Congreso.
3.       Concurrir a la formación de las leyes por medio de su iniciativa directa en mensajes especiales con intervención parlamentaria del ministerio, y promulgarlas con arreglo a esta Constitución.
4.       Convocar al Congreso a sesiones extraordinarias, cuando asuntos urgentes lo exigieren.
5.       Ejecutar y hacer cumplir las leyes, expidiendo los decretos y órdenes convenientes, sin definir primitivamente derechos ni alterar los definidos por la ley, ni contrariar sus disposiciones, guardando la restricción consignada en el artículo 20.
6.       Cuidar de la recaudación y administración de las rentas nacionales y decretar su inversión con arreglo a las leyes, sin que se pueda hacer inversión alguna sin su orden escrita y autorizada por el Ministro del departamento a que corresponda, con expresa mención de la ley que fija la inversión.
7.       Presentar anualmente al Congreso el presupuesto de los gastos nacionales del año siguiente, y la cuenta de inversión conforme al presupuesto del anterior.
8.       Velar sobre las resoluciones municipales, y especialmente sobre las relativas a rentas e impuestos, para denunciar ante el Senado las que sean contrarias a la Constitución y a las leyes, siempre que la municipalidad transgresora no cediese a las intimaciones del Ejecutivo.
9.       Presentar anualmente al Congreso en sus primeras sesiones ordinarias un mensaje escrito que contenga el informe acerca del curso y estado de los negocios de la administración durante el año, acompañando las memorias de los Ministros de Estado. Además, dará por medio de los mismos ministros, los informes sobre asuntos determinados que las Cámaras necesiten, pudiendo reservar los relativos a negocios diplomáticos que a su juicio no puedan publicarse.
10.     Conmutar la pena de muerte conforme a las leyes.
11.     Hacer cumplir las sentencias de los tribunales.
12.     Decretar amnistías por delitos políticos, sin perjuicio de las que puede conceder el Poder Legislativo.
13.     Conceder jubilaciones y montepíos conforme a las leyes.
14.     Ejercer los derechos del Patronato Nacional en las iglesias, beneficios y personas eclesiásticas.
15.     Presentar arzobispo y obispos escogiendo uno de los propuestos en terna por el Senado.
16.     Nombrar dignidades, canónigos y prebendados de entre los propuestos por los cabildos eclesiásticos.
17.     Conceder o negar el pase a los decretos de los concilios, breves, bulas y rescritos del Sumo Pontífice, con acuerdo del Senado; requiriéndose una ley cuando contengan disposiciones generales y permanentes.
18.     Nombrar vocales del Tribunal Nacional de Cuentas, de las ternas presentadas por el Senado, los que no podrán ser destituidos sino en virtud de sentencia pronunciada por la Corte Suprema.
19.     Nombrar todos los empleados de la República, cuyo nombramiento o propuesta no está reservada por la ley a otro poder.
20.     Expedir a nombre de la Nación los títulos de todos los empleados públicos, cualquiera que fuere el poder que intervenga en su propuesta o nombramiento.
21.     Nombrar interinamente en caso de renuncia o muerte a los empleados que deben ser elegidos o propuestos por otro poder.
22.     Asistir a las sesiones con que el Congreso abre y cierra sus trabajos.
23.     Conservar y defender el orden interior y la seguridad exterior de la República conforme a la Constitución.
24.     Proponer al Senado, en caso de vacante, una terna de generales y coroneles de ejército, con informe de sus servicios y ascensos.
25.     Conferir solo en campo de batalla, en guerra extranjera, los grados de general y coronel a nombre de la Nación.
26.     Conceder, según ley, privilegio exclusivo temporal a los que inventen, perfeccionen o importen procedimientos o métodos útiles a las ciencias o artes, o indemnizar, en caso de publicarse el secreto de la invención, perfección o importación.
27.     Crear y habilitar puertos menores.
Artículo 90.- El grado de Capitán General del ejército es inherente a las funciones de Presidente de la República.

SECCION DECIMA TERCERA
DE LOS MINISTROS DE ESTADO

Artículo 91.- Los negocios de la administración pública se despachan por los Ministros de Estado, cuyo número designa la ley.
Artículo 92.- Para ser Ministro de Estado se requiere las mismas calidades que para ser diputado.
Artículo 93.- Los Ministros de Estado son responsables de los actos de la administración en sus respectivos ramos conjuntamente con el Presidente de la República.
Artículo 94.- La responsabilidad de los Ministros será conjunta por todos los actos acordados en Consejo de Gabinete.
Artículo 95.- Todos los decretos y órdenes del Presidente de la República deben ser firmados por el Ministro del respectivo departamento; y no serán obedecidos sin este requisito. Para el nombramiento o remoción de los Ministros bastará la firma del Presidente.
Artículo 96.- Los Ministros de Estado pueden concurrir a los debates de cualquiera de las Cámaras, y se retirarán antes de la votación.
Artículo 97.- Luego que el Congreso abra sus sesiones, deberán los Ministros del despacho presentar sus respectivos informes acerca del estado de la administración, en la forma que se expresa en el artículo 89, atribución 9.
Artículo 98.- La cuenta de inversión de las rentas que debe presentar el Ministro de Hacienda lleva la presunción de estar examinada y aprobada por los demás Ministros en sus respectivos departamentos. Debe ser sometida al Congreso con un informe del Tribunal Nacional de Cuentas. A la formación del presupuesto general deben concurrir todos los Ministros en sus ramos correspondientes.
Artículo 99.- No salva a los Ministros de su responsabilidad la orden verbal o escrita del Presidente de la República.
Artículo 100.- Por los delitos privados que cometan pueden ser acusados ante la Corte Suprema por la persona perjudicada y el juzgamiento se verificará conforme a las leyes.

SECCION DECIMA CUARTA
DEL REGIMEN INTERIOR

Artículo 101.- El gobierno superior en lo político, administrativo y económico de cada departamento reside en un magistrado, con la denominación de Prefecto, dependiente del Poder Ejecutivo, de que es agente inmediato y con el que se entenderá por el intermedio del respectivo Ministro de Estado. En esos ramos y en todo lo que pertenece al orden y seguridad del departamento, estarán subordinados al Prefecto todos los funcionarios públicos de cualquier clase y denominación que fueren y que residan dentro del territorio departamental.
Artículo 102.- Para ser Prefecto se necesita:
1.       Ser boliviano de nacimiento, en ejercicio de los derechos de ciudadanía.
2.       Tener a lo menos treinta años de edad.
Artículo 103.- El gobierno de cada provincia reside en un Subprefecto, subordinado al Prefecto. Los Subprefectos son nombrados por el Presidente de la República.
Artículo 104.- En cada cantón habrá un Corregidor como agente inmediato del Subprefecto; su nombramiento lo hará el Prefecto a propuesta del Subprefecto. En la campaña habrá alcaldes nombrados por el Subprefecto.
Artículo 105.- Los Prefectos y Subprefectos duran en el ejercicio de sus funciones por el período constitucional de cuatro años. Pueden ser removidos por el Presidente de la República por causales que afecten gravemente al buen servicio de la administración, o que comprometan el orden público. El Ministro de Gobierno informará al Congreso sobre las destituciones y sus causales. Los corregidores y los alcaldes de campaña duran en sus funciones por un año, no pudiendo ser reelectos sino después de pasado otro.
Artículo 106.- Para ser Subprefecto o Corregidor se necesita ser boliviano en ejercicio de la ciudadanía.
Artículo 107.- La ley determinará las atribuciones de los funcionarios comprendidos en esta Sección.

SECCION DECIMA QUINTA
DEL PODER JUDICIAL

Artículo 108.- La justicia se administra por la Corte Suprema, las Cortes de Distrito y demás tribunales y juzgados que las leyes establecen.
Artículo 109.- La administración de justicia es gratuita de parte de los funcionarios que ejercen jurisdicción y gozan de sueldo.
Artículo 110.- La Corte Suprema se compone de siete vocales, cuya elección se hace por la Cámara de Diputados a propuesta en terna del Senado. Para ser Ministro de la Corte Suprema se requiere:
1.       Ser boliviano de nacimiento y mayor de cuarenta años.
2.       Haber sido ministro de alguna Corte Superior o Fiscal de Distrito por cinco años o haber ejercido diez la profesión de abogado con crédito.
3.       No haber sido condenado a pena corporal en virtud de sentencia ejecutoriada.
Artículo 111.- Son atribuciones de la Corte Suprema, a más de las que señalan las leyes:
1.       Conocer de los recursos de nulidad conforme a las leyes y fallar al mismo tiempo sobre la cuestión principal.
2.       Conocer en única instancia de los asuntos de puro derecho, cuya decisión dependa de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las leyes, decretos y cualquier género de resoluciones.
3.       Conocer en todos los casos en que la Constitución le atribuye jurisdicción privativa.
4.       Conocer de las causas de responsabilidad de los agentes diplomáticos y consulares, de los comisarios nacionales, de los vocales de las Cortes Superiores, Fiscales de Distrito, Vocales del Tribunal Nacional de Cuentas y Prefectos por faltas cometidas en el ejercicio de sus funciones.
5.       Conocer de las causas contenciosas que resulten de los contratos, negociaciones y concesiones del Poder Ejecutivo; y de las demandas contencioso-administrativas a que dieren lugar las resoluciones del mismo.
6.       Conocer de todas las materias contenciosas relativas al Patronato Nacional que ejerce el Gobierno Supremo de la República.
7.       Dirimir las competencias que se susciten entre los concejos municipales y entre éstos y las autoridades políticas, y entre los unos y las otras con las juntas municipales de las provincias.
Artículo 112.- La Corte Suprema en la primera sesión que celebre, después de haber prestado ante el Congreso juramento de cumplir la Constitución y las leyes, elegirá a su Presidente, que también lo será de cada una de sus salas, debiendo durar en este carácter por el término de diez años, con derecho a reelección. Cuando el Congreso funcionare fuera de la capital de la República, comisionará para la recepción del juramento al Cabildo Eclesiástico constituido en el salón del Cuerpo Legislativo.
Artículo 113.- El Presidente de la Corte Suprema debe velar sobre la recta y cumplida administración de justicia en toda la República, dirigiendo a todos los magistrados las observaciones, amonestaciones e incitativas a que hubiere lugar, de acuerdo con la Corte, o haciendo que el Fiscal General entable las acusaciones que correspondan, o las peticiones que la Constitución y las leyes permitan.
Artículo 114.- El Fiscal General será nombrado por el Presidente de la República, a propuesta en terna de la Cámara de Diputados. El cargo de Fiscal General durará por el período de diez años, con opción a ser reelecto. No puede ser destituido sino en virtud de sentencia condenatoria pronunciada por la Corte Suprema.
Artículo 115.- Los magistrados de las cortes de distrito, serán elegidos por el Senado a propuesta en terna de la Corte Suprema.
Artículo 116.- Es atribución de las cortes de distrito, a más de las que las leyes les señalan, la de juzgar a las municipalidades por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones, sea individual o colectivamente. Los Subprefectos quedan sujetos a la misma jurisdicción.
Artículo 117.- Los jueces de partido y los de instrucción serán nombrados por la Corte Suprema a propuesta en terna de las cortes de distrito.
Artículo 118.- Los Fiscales de Distrito, los de Partido y Agentes Fiscales serán nombrados por el Presidente de la República, a propuesta en terna del Fiscal General.
Artículo 119.- Ningún magistrado o juez podrá ser destituido sino por sentencia ejecutoriada, ni suspenso a no ser en los casos determinados por las leyes. Tampoco podrá ser trasladado, no siendo con su expreso consentimiento.
Artículo 120.- La publicidad en los juicios es la condición esencial de la administración de justicia, salvo cuando sea ofensiva a las buenas costumbres.
Artículo 121.- El ministerio público se ejerce a nombre de la Nación por las comisiones que designe la Cámara de Diputados, por el Fiscal General y demás funcionarios a quienes la ley atribuye dicho ministerio.
Artículo 122.- Los tribunales, bajo su responsabilidad, no darán posesión a los magistrados o jueces que no hubiesen sido nombrados con arreglo a esta Constitución.
Artículo 123.- Los secretarios y demás subalternos del poder judicial serán nombrados por las cortes de distrito, a propuesta en terna de los jueces con quienes deben servir. La Corte Suprema nombrará los que le pertenecen.

SECCION DECIMA SEXTA
DEL REGIMEN MUNICIPAL

Artículo 124.- En las capitales de departamento habrá concejos municipales. En las provincias, así como en las secciones en que éstas estén divididas, y en cada puerto, habrá juntas municipales, cuyo número será determinado por la ley. Y en los cantones habrá agentes municipales dependientes de las juntas y éstas de los concejos.
Artículo 125.- La ley reglamentaria determinará el número de munícipes de cada localidad, su elección, las condiciones para ejercer este cargo, la duración de sus funciones, los medios y modo de ejercerlas.
Artículo 126.- Son atribuciones de las municipalidades:
1.       Promover y vigilar la construcción de las obras públicas de su distrito.
2.       Establecer y suprimir impuestos municipales, previa aprobación del Senado.
3.       Crear establecimientos de instrucción primaria y dirigirlos, administrar sus fondos, dictar sus reglamentos, nombrar preceptores y señalar sus sueldos. En los establecimientos del Estado solo tendrán el derecho de inspección y vigilancia.
4.       Establecer la policía de salubridad, comodidad, ornato y recreo.
5.       Cuidar de los establecimientos de caridad, conforme a los reglamentos respectivos.
6.       Formar el censo real y personal del distrito municipal.
7.       Formar la estadística departamental.
8.       Hacer el repartimiento de los reemplazos para el ejército, que hubiesen cabido a su respectivo territorio, con arreglo a la ley de conscripción.
9.       Requerir la fuerza pública que sea necesaria para hacer cumplir sus resoluciones.
10.     Recaudar, administrar e invertir sus fondos.
11.     Aceptar legados y donaciones y negociar empréstitos para promover obras de beneficencia y de utilidad material.
12.     Vigilar sobre las ventas de víveres, teniendo por base el libre tráfico.
13.     Nombrar jurados para los delitos de imprenta.
14.     Nombrar los alcaldes parroquiales a propuesta en terna de los jueces instructores, los agentes municipales de cantón, el secretario, tesorero y demás empleados de su dependencia.
Artículo 127.- Los concejos municipales pueden celebrar entre sí contratos y arreglos, cuando éstos tengan por objeto promover y llevar a ejecución empresas de vialidad que abarquen dos o más departamentos, con tal que la combinación esté basada en desembolsos o compromisos del Tesoro Municipal de los departamentos a quienes concierne el negocio.

 SECCION DECIMA SEPTIMA
DE LA FUERZA PÚBLICA

Artículo 128.- Habrá en la República una fuerza permanente que se compondrá del ejército de línea; su número lo determinará cada legislatura, arreglándolo al que sea absolutamente necesario.
Artículo 129.- La fuerza armada es esencialmente obediente; en ningún caso puede deliberar, y está en todo sujeta a los reglamentos y ordenanzas militares, en lo relativo al servicio.
Artículo 130.- Habrá también cuerpos de guardia nacional en cada departamento: su organización y deberes se determinan por la ley.
Artículo 131.- Los que no son bolivianos de nacimiento, no pueden ser empleados en el ejército en clase de generales, jefes y oficiales, sino con consentimiento del Congreso.

SECCION DECIMA OCTAVA
DE LA REFORMA DE LA CONSTITUCION

Artículo 132.- Esta Constitución puede ser reformada en todo o en parte, declarándose previamente la necesidad de la reforma, y determinándola con precisión, por una ley ordinaria, que haya sido aprobada por los dos tercios de los miembros presentes de cada Cámara. Esta ley puede ser iniciada en cualquiera de las Cámaras en la forma constitucional. La ley declaratoria de la reforma, será pasada al Ejecutivo para su promulgación.
Artículo 133.- En las primeras sesiones de la legislatura en que hubiere renovación en la Cámara de Diputados, se considerará el asunto por la Cámara que proyectó la reforma, y si ésta fuere aprobada como necesaria por los dos tercios de los votos presentes, se pasará a la otra para su revisión, que también requiere dos tercios de votos. Los demás trámites serán los mismos que la Constitución señala, para las relaciones entre las dos Cámaras.
Artículo 134.- Las Cámaras deliberarán y votarán la reforma ajustándola a las disposiciones constitucionales que determina la ley declaratoria de la reforma. La reforma sancionada pasará al Ejecutivo para su promulgación, sin que el Presidente de la República pueda observarla.
Artículo 135.- Cuando la enmienda sea relativa al período constitucional del Presidente de la República, se considerará, conforme a lo dispuesto en los artículos anteriores, solo en el siguiente período.
Artículo 136.- Las Cámaras podrán resolver cualesquier dudas que ocurran sobre la inteligencia de alguno o algunos artículos de esta Constitución, si se declaran fundadas por dos tercios de votos, observándose en lo demás las formalidades prescritas por una ley ordinaria.
Artículo 137. - Las autoridades y tribunales aplicarán esta Constitución con preferencia a las leyes, y éstas con preferencia a cualesquiera otras resoluciones.
Artículo 138.- Quedan abrogadas las leyes y decretos que se opongan a esta Constitución.
Artículos transitorios
Artículo 1.- La próxima legislatura ordinaria se reunirá el 6 de agosto de 1880, y hará el escrutinio y proclamación de Presidente y Vicepresidente Constitucional de la República; quedando eliminada en las elecciones para esas magistraturas la candidatura del actual presidente provisorio, a fin de realizar en toda su amplitud el principio de alternabilidad.
Artículo 2.- El Consejo de Ministros reemplazará al Presidente provisorio en caso de impedimento temporal; más si éste fuere de carácter permanente, el Consejo de Ministros convocará en el término de 30 días a los más a elecciones de Presidente y Vicepresidente Constitucional de la República y de diputados y senadores, procurando que la elección y reunión de las cámaras se efectúe en el menor tiempo posible. Los ministros en este caso no podrán ser candidatos para la Presidencia de la República.
Artículo 3.- Si en el periodo de interinidad hasta agosto de 1880 fuera necesaria la reunión de un Cuerpo Legislativo, el Poder Ejecutivo podrá convocar  esta Asamblea a sesión extraordinaria en el lugar donde convenga, precisando los motivos del objeto.
Artículo 4.- Por esta sola vez y en atención a la premura del tiempo, se autoriza al Poder Ejecutivo para que dicte los reglamentos de municipalidades y elecciones con sujeción a bases prefijadas.
Sala de sesiones en La Paz de Ayacucho, a catorce de Febrero de mil ochocientos setenta y ocho años.
Ricardo J. Bustamante, Presidente.- S. Velasco Flor, Secretario.- Abdón S. Ondarza, Secretario.
Por cuanto la Asamblea Nacional Constituyente ha proclamado la anterior Constitución.
Por tanto ordeno y mando que todos la cumplan y hagan cumplir como Ley fundamental del Estado.
Dado en la Casa del Supremo Gobierno en La Paz, a 15 de Febrero de 1878, firmado de mi mano, sellado con el Gran Sello del Estado y refrendado por el Ministro de Gobierno y Relaciones Exteriores, así como por los demás Ministros de Estado.
(Lugar del sello).- (Firmado).- H. DAZA.- (Refrendado).-
El Ministro de Gobierno y Relaciones Exteriores, José M. Del Carpio.- (Firmado). El Ministro de Hacienda e Industria, Manuel I. Salvatierra.- (Firmado). El Ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública, Agustín Aspiazu.- (Firmado). El Ministro de la Guerra, Carlos de Villegas.

FUENTE:

Araoz, Mario C. (1920)
Digesto de Legislación Boliviana. La Paz – Bolivia: Litografía e Imprenta “Moderna”.

LEY N° 1053
LEY DE 25 DE ABRIL DE 2018

EVO MORALES AYMA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

Por cuanto, la Asamblea Legislativa Plurinacional, ha sancionado la siguiente Ley:

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL,

DECRETA:

LEY DE FORTALECIMIENTO
DE LA LUCHA CONTRA EL CONTRABANDO

ARTÍCULO 1. (OBJETO). La presente Ley tiene por objeto fortalecer mecanismos de coordinación interinstitucional y acción para la lucha contra el contrabando.

ARTÍCULO 2. (ÁMBITO DE APLICACIÓN).

I. La presente Ley se aplica a personas naturales y jurídicas que transportan, comercializan o almacenan mercancías incumpliendo el control aduanero en la zona de seguridad fronteriza del Estado, municipios y territorios colindantes; y a las instituciones públicas que trabajan en el control aduanero y la lucha contra el contrabando.

II. Las Disposiciones Adicionales y la Disposición Transitoria Única de la presente Ley, son de aplicación en todo el territorio nacional.

ARTÍCULO 3. (OBLIGACIÓN DE COORDINACIÓN).

I. Las Fuerzas Armadas, la Policía Boliviana, el Ministerio Público y la Aduana Nacional, tienen la obligación de coordinar tareas y acciones en operativos de lucha contra el contrabando.

II. El Ministerio Público deberá coordinar obligatoriamente, acciones con las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana en operativos de investigación y de acción directa en ilícitos vinculados a contrabando.

ARTÍCULO 4. (EMPLEO LEGÍTIMO DE LA FUERZA). Las y los servidores públicos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Boliviana que participen en operativos de lucha contra el contrabando que se desarrollen en la zona de seguridad fronteriza del Estado, municipios y territorios colindantes; estarán exentos de responsabilidad penal cuando, en cumplimiento de sus funciones constitucionales, actúen en legítima defensa o estado de necesidad, en observancia de los principios de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad, de conformidad a lo previsto en los Artículos 11 y 12 del Código Penal, Ley N° 1768 de 10 de marzo de 1997 y el Código de Procedimiento Penal.

ARTÍCULO 5. (FACULTADES EN FLAGRANCIA).

I. Las y los servidores públicos de las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana, en caso de ilícitos flagrantes de contrabando tendrán la facultad para practicar arrestos y aprehensiones, debiendo entregar a la persona arrestada o aprehendida ante la autoridad competente, dentro de los plazos legalmente establecidos en el Código de Procedimiento Penal, salvo ampliación del plazo en razón de la distancia.

II. La mercancía y los instrumentos intervenidos en flagrancia deberán ser depositados de forma inmediata en recintos aduaneros o instalaciones autorizadas por la Aduana Nacional.

III. Están exentos de responsabilidad, las y los servidores públicos de las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana que encontrándose en riesgo la vida o integridad física propia o ajena, no superable de alguna manera, procedieran de oficio a la destrucción e inutilización de los medios de transporte y bienes encontrados durante los operativos de lucha contra el contrabando que se desarrollen en la zona de seguridad fronteriza del Estado, municipios y territorios colindantes.

ARTÍCULO 6. (USO DE ARMAS DE FUEGO). Las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana están facultadas al uso de armas de fuego, municiones, explosivos, equipamiento y otros materiales relacionados, que sean proporcionales al riesgo de los operativos en la lucha contra el contrabando, conforme a lo previsto en la Ley N° 400 de 18 de septiembre de 2013, de Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros Materiales Relacionados.

DISPOSICIONES ADICIONALES

PRIMERA.

I. Se modifica el Artículo 155° de la Ley N° 2492 de 2 de agosto de 2003, “Código Tributario Boliviano”, con el siguiente texto:

“ ARTÍCULO 155°. (Agravantes). Constituyen agravantes de ilícitos tributarios las siguientes circunstancias:
1. La reincidencia, cuando el autor hubiere sido sancionado por resolución administrativa firme o sentencia ejecutoriada por la comisión de un ilícito tributario del mismo tipo en un período de cinco (5) años;
2. La resistencia manifiesta a la acción de control, investigación o fiscalización de la Administración Tributaria;
3. La insolvencia tributaria fraudulenta, cuando intencionalmente se provoca o agrava la insolvencia propia o ajena, frustrando en todo o en parte el cumplimiento de obligaciones tributarias;
4. Los actos de violencia o intimidación empleados para cometer el ilícito o evitar su descubrimiento;
5. El empleo de armas o explosivos;
6. La participación de tres o más personas;
7. El uso de bienes del Estado para la comisión del ilícito;
8. El tráfico internacional ilegal de bienes que formen parte del patrimonio histórico, cultural, turístico, biológico, arqueológico, tecnológico, patente y científico de la Nación, así como de otros bienes cuya preservación esté regulada por disposiciones legales especiales;
9. El empleo de personas inimputables o personas interpuestas;
10. La participación de profesionales vinculados a la actividad tributaria, auxiliares de la función pública aduanera o de operadores de comercio exterior;
11. Los actos que ponen en peligro la salud pública;
12. La participación de servidores públicos que aprovecharen de su cargo o función o se encontraren vinculados al control y lucha contra el contrabando;
13. El autor o partícipe integre un grupo que califique como asociación delictuosa u organización criminal;
14. El hecho sea cometido en lugar despoblado; o,
15. El hecho sea cometido en ocasión de un estrago, conmoción popular, aprovechándose de un accidente o de un infortunio particular.

Las agravantes mencionadas anteriormente para el caso de contravenciones determinarán que la multa sea incrementada en un treinta por ciento (30%) por cada una de ellas.

Tratándose de delitos tributarios, la pena privativa de libertad se incrementará hasta en una mitad.

Cuando en el contrabando concurra alguna de las circunstancias previstas en los numerales 1, 4 y 5 del presente Artículo, el ilícito constituirá delito de contrabando previsto en el Artículo 181° de este Código.”

II. Se modifican los Parágrafos I, III y IV del Artículo 181° de la Ley N° 2492 de 2 de agosto de 2003, “Código Tributario Boliviano”, con el siguiente texto:
“I. Privación de libertad de ocho (8) a doce (12) años, cuando el valor de los tributos omitidos de la mercancía decomisada sea superior a UFV’s200.000 (Doscientos Mil Unidades de Fomento de Vivienda) establecido en la valoración y liquidación que realice la administración tributaria.”
“III. Comiso de los medios o unidades de transporte o cualquier otro instrumento que hubiera servido para el contrabando, excepto de aquellos sobre los cuales el Estado tenga participación, en cuyo caso los servidores públicos conforme a normativa vigente, estarán sujetos a la responsabilidad penal establecida en la presente Ley, sin perjuicio de las responsabilidades de la Ley N° 1178 o las leyes en vigencia.
Cuando el valor de los tributos omitidos de la mercancía sea igual o menor a UFV’s200.000 (Doscientos Mil Unidades de Fomento de Vivienda), se aplicará la multa del cincuenta por ciento (50%) del valor de la mercancía en sustitución del comiso del medio o unidad de transporte.
Cuando las empresas de transporte aéreo o férreo autorizadas por la Administración Tributaria para el transporte de carga utilicen sus medios y unidades de transporte para cometer delito de Contrabando, se aplicará al transportador internacional una multa equivalente al cien por ciento (100%) del valor de la mercancía decomisada en sustitución de la sanción de comiso del medio de transporte. Si la unidad o medio de transporte no tuviere autorización de la Administración Tributaria para transporte internacional de carga o fuere objeto de contrabando, se le aplicará la sanción de comiso definitivo.”
“IV. Se aplicará la sanción accesoria de inhabilitación especial, sólo en los casos de contrabando sancionados con pena privativa de libertad.
Cuando el valor de los tributos omitidos de la mercancía objeto de contrabando, sea igual o menor a UFV’s200.000 (Doscientos Mil Unidades de Fomento de Vivienda), la conducta se considerará contravención tributaria debiendo aplicarse el procedimiento establecido en el Capítulo III del Título IV del presente Código; salvo concurra reincidencia, intimidación, violencia, empleo de armas o explosivos en su comisión, en cuyo caso la conducta constituirá delito de contrabando, correspondiendo su investigación, juzgamiento y sanción penal. 
La salvedad prevista en el párrafo precedente no se aplicará cuando exista reincidencia en la falta de presentación de alguno de los requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones especiales.”

III. Se modifica el Artículo 181° Bis de la Ley N° 2492 de 2 de agosto de 2003, “Código Tributario Boliviano”, con el siguiente texto:

“ ARTÍCULO 181º Bis. Comete delito de usurpación de funciones aduaneras, quien ejerza atribuciones de funcionario o empleado público aduanero o de auxiliar de la función pública aduanera, sin estar debidamente autorizado o designado para hacerlo y habilitado mediante los registros correspondientes, causando perjuicio al Estado o a los particulares. Este delito será sancionado con privación de libertad de seis (6) a diez (10) años.”

IV. Se modifica el Artículo 181° Ter de la Ley N° 2492 de 2 de agosto de 2003, “Código Tributario Boliviano”, con el siguiente texto:
“ ARTÍCULO 181º Ter. Comete delito de sustracción de prenda aduanera el que mediante cualquier medio sustraiga o se apoderare ilegítimamente de mercancías que constituyen prenda aduanera. Este delito será sancionado con privación de libertad de seis (6) a diez (10) años, con el resarcimiento de los daños y perjuicios, y la restitución de las mercancías o su equivalente a favor del consignante, consignatario o propietario de las mismas, incluyendo el pago de los tributos aduaneros.
En el caso de los depósitos aduaneros, el resarcimiento tributario se sujetará a los términos de los respectivos contratos de concesión o administración.
Incurre en el mismo delito, el que sustraiga las mercancías decomisadas sea durante el operativo del control aduanero, su traslado o mientras éstas se encuentren almacenadas en los predios autorizados por la Aduana Nacional. En estos casos el resarcimiento de los daños y perjuicios, la restitución de las mercancías o su equivalente, incluido el pago de tributos, será a favor de la Administración Aduanera.”

V. Se modifica el Artículo 181° Quater de la Ley N° 2492 de 2 de agosto de 2003, “Código Tributario Boliviano”, con el siguiente texto:

“ ARTÍCULO 181º Quater. Comete delito de falsificación de documentos aduaneros, el que falsifique o altere documentos, declaraciones o registros informáticos aduaneros. Este delito será sancionado con privación de libertad de seis (6) a diez (10) años.”

VI. Se modifica el Artículo 181° Quinquies de la Ley N° 2492 de 2 de agosto de 2003, “Código Tributario Boliviano”, con el siguiente texto:

“ ARTÍCULO 181º Quinquies. Cometen delito de asociación delictiva aduanera los funcionarios o servidores públicos aduaneros, los auxiliares de la función pública aduanera, los transportadores internacionales, los concesionarios de depósitos aduaneros o de otras actividades o servicios aduaneros, consignantes, consignatarios o propietarios de mercancías y los operadores del comercio exterior que participen en forma asociada en la comisión de los delitos aduaneros tipificados en la presente Ley.

Este delito será sancionado con privación de libertad de seis (6) a diez (10) años.”

VII. Se modifica el Artículo 181° Sexies de la Ley N° 2492 de 2 de agosto de 2003, “Código Tributario Boliviano”, con el siguiente texto:
“ ARTÍCULO 181º Sexies. Comete delito de falsedad aduanera el servidor público y/o los auxiliares de la función pública aduanera que posibilite y facilite a terceros la importación o exportación de mercancías que estén prohibidas por Ley expresa, o posibilite la exoneración o disminución indebida de tributos aduaneros, así como los que informan o certifican falsamente sobre la persona del importador o exportador o sobre la calidad, cantidad, precio, origen embarque o destino de las mercancías.
Este delito será sancionado con privación de libertad de seis (6) a diez (10) años.”

VIII. Se modifica el Artículo 181° Septies de la Ley N° 2492 de 2 de agosto de 2003, “Código Tributario Boliviano”, con el siguiente texto:

“ ARTÍCULO 181° Septies. Comete delito de cohecho activo aduanero cuando una persona natural o jurídica oferta o entrega un beneficio a un funcionario con el fin de que contribuya a la comisión del delito, quien será sancionado con privación de libertad de seis (6) a diez (10) años.

El cohecho pasivo se produce con la aceptación del servidor aduanero y el incumplimiento de sus funciones a fin de facilitar la comisión del delito aduanero, será sancionado con privación de libertad de seis (6) a diez (10) años.”

IX. Se modifica el Artículo 181° Octies de la Ley N° 2492 de 2 de agosto de 2003, “Código Tributario Boliviano”, con el siguiente texto:

“ ARTÍCULO 181° Octies. Comete tráfico de influencias en la actividad aduanera la autoridad y/o servidor público de la Aduana Nacional que, directamente o a través de un tercero, aprovechando la función o cargo que ocupa, contribuya, facilite o influya en la comisión de los delitos descritos anteriormente, a cambio de una contraprestación monetaria o de un beneficio vinculado al acto antijurídico. Este delito será sancionado con privación de libertad de seis (6) a diez (10) años.”

X. Se modifica el Artículo 181° Nonies de la Ley N° 2492 de 2 de agosto de 2003, “Código Tributario Boliviano”, con el siguiente texto:

“ ARTÍCULO 181° Nonies. (DELITO DE CONTRABANDO DE EXPORTACIÓN AGRAVADO). Comete delito de contrabando de exportación agravado, el que sin portar la autorización de la instancia correspondiente, incurra en cualquiera de las siguientes conductas:
1. Extraiga desde territorio aduanero nacional o zonas francas, mercancías prohibidas o suspendidas de exportación, hidrocarburos y/o alimentos con subvención directa del Estado sujetas a protección específica.
2. Intente extraer mercancías prohibidas o suspendidas de exportación, e hidrocarburos y alimentos con subvención directa del Estado sujetas a protección específica, mediante actos idóneos o inequívocos desde territorio aduanero nacional o zonas francas, y no logre consumar el delito por causas ajenas a su voluntad.
3. Almacene mercancías prohibidas o suspendidas de exportación, hidrocarburos y/o alimentos con subvención directa del Estado sujetas a protección específica, sin cumplir los requisitos legales dentro un espacio de cincuenta (50) kilómetros desde la frontera.
4. Transporte mercancías prohibidas o suspendidas de exportación, hidrocarburos y/o alimentos con subvención directa del Estado sujetas a protección específica, sin cumplir los requisitos legales dentro un espacio de cincuenta (50) kilómetros desde la frontera.
Este delito será sancionado con privación de libertad de diez (10) a catorce (14) años y el decomiso de las mercancías y la confiscación de los instrumentos del delito.”

SEGUNDA.

I. Se incorpora el Artículo 181° Decies en la Ley N° 2492 de 2 de agosto de 2003, “Código Tributario Boliviano”, con el siguiente texto:

“ ARTÍCULO 181° Decies. (FAVORECIMIENTO Y FACILITACIÓN DEL CONTRABANDO). Comete delito de favorecimiento y facilitación del contrabando la persona que, en el marco de un operativo de acción directa de lucha contra el contrabando, favorezca, facilite, coadyuve o encubra la comisión de un ilícito de contrabando mediante el tránsito, tenencia, recepción, destrucción u ocultación de las mercancías o instrumentos del ilícito. Este delito será sancionado con privación de libertad de cuatro (4) a ocho (8) años.”

TERCERA. Las instituciones mencionadas en el Artículo 3 de la presente Ley, deberán elaborar los protocolos o procedimientos técnicos operativos de manera coordinada para la intervención en operativos de lucha contra el contrabando en el marco de la normativa vigente, en el plazo de treinta (30) días calendario a partir de la vigencia de la presente Ley.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

ÚNICA. La Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de la Información y Comunicación – AGETIC, coadyuvará en el diseño, desarrollo, implementación y funcionamiento de sistemas informáticos de control y lucha contra el contrabando.

Remítase al Órgano Ejecutivo para fines constitucionales.

Es dado en la Sala de Sesiones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, a los veinticuatro días del mes de abril del año dos mil dieciocho.

Fdo. Álvaro Marcelo García Linera PRESIDENTE ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL, Efraín Chambi Copa, Alicia Canqui Condori.

Por tanto, la promulgo para que se tenga y cumpla como Ley del Estado Plurinacional de Bolivia.

Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los veinticinco días del mes de abril del año dos mil dieciocho.

FDO. EVO MORALES AYMA, Alfredo Rada Vélez, Javier Eduardo Zavaleta López MINISTRO DE DEFENSA E INTERINO DE GOBIERNO, Mario Alberto Guillén Suárez, Héctor Enrique Arce Zaconeta, Gisela Karina López Rivas.

DECRETO PRESIDENCIAL N° 3535
EVO MORALES AYMA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

CONSIDERANDO:

Que el ciudadano Mario Alberto Guillén Suarez, Ministro de Economía y Finanzas Públicas, mediante nota MEFP/DM/JG – 0865/2018, de 11 de abril de 2018, presentada en la misma fecha, comunicó que se ausentará del país en misión oficial del 19 al 22 de abril de 2018, a la ciudad de Washington – Estados Unidos de América, a objeto de asistir a las Reuniones de Primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco Mundial (BM) y la Plenaria de Gobernadores, en calidad de Gobernador por el Estado Plurinacional de Bolivia ante el FMI, por lo cual, solicitó la designación de Ministro Interino, mientras dure su ausencia.

Que es necesario designar Ministra Interina o Ministro Interino para la continuidad administrativa del mencionado Despacho, de conformidad a lo dispuesto por el Parágrafo I del Artículo 128 del Decreto Supremo N° 29894, de 07 de febrero de 2009, Organización del Órgano Ejecutivo.

DECRETA:

ARTÍCULO ÚNICO.- Desígnese MINISTRO INTERINO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, al ciudadano Cesar Hugo Cocarico Yana, Ministro de Desarrollo Rural y Tierras, mientras dure la ausencia del titular.

Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los dieciocho días del mes de abril del año dos mil dieciocho.

FDO. EVO MORALES AYMA, Alfredo Rada Vélez.

DECRETO PRESIDENCIAL N° 3538
EVO MORALES AYMA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

CONSIDERANDO:

Que el ciudadano Milton Claros Hinojosa, Ministro de Obras Públicas Servicios y Vivienda, mediante nota MOPSV/DESP. No 0441/2018, de 16 de abril de 2018, presentada en la misma fecha, comunica que se ausentará del país en misión oficial del 24 al 26 de abril de 2018, a la ciudad de Buenos Aires – República Argentina, a objeto de participar en la “II Conferencia CAF: Infraestructura para el Desarrollo de América Latina”, organizado por el Banco de Desarrollo de América Latina - CAF, razón por la cual solicita se designe Ministro Interino mientras dure su ausencia.

Que es necesario designar Ministra Interina o Ministro Interino para la continuidad administrativa del mencionado Despacho de conformidad a lo dispuesto por el Parágrafo I del Artículo 128 del Decreto Supremo N° 29894, de 07 de febrero de 2009, Organización del Órgano Ejecutivo.

DECRETA:

ARTÍCULO ÚNICO.- Se designa MINISTRO INTERINO DE OBRAS PÚBLICAS SERVICIOS Y VIVIENDA, al ciudadano Rafael Alarcon Orihuela, Ministro de Energías, mientras dure la ausencia del titular.

Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los veinticuatro días del mes de abril del año dos mil dieciocho.

FDO. EVO MORALES AYMA, Alfredo Rada Vélez.

DECRETO SUPREMO N° 3540
EVO MORALES AYMA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

CONSIDERANDO:

Que el Parágrafo I del Artículo 165 de la Constitución Política del Estado, determina que el Órgano Ejecutivo está compuesto por la Presidenta o el Presidente del Estado, la Vicepresidenta o el Vicepresidente del Estado, y las Ministras y los Ministros de Estado.

Que el Decreto Supremo Nº 29894, de 7 de febrero de 2009, Organización del Órgano Ejecutivo, establece la estructura organizativa del Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional, así como las atribuciones de las Ministras y Ministros. Asimismo, define los principios y valores que deben conducir a los servidores públicos, de conformidad a lo establecido en la Constitución Política del Estado.

Que con el fin de implementar políticas y estrategias de lucha contra el contrabando y fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional, es necesario crear un Viceministerio en la estructura del Ministerio de Defensa, para que de manera articulada coadyuve en tareas de lucha contra el contrabando con la Aduana Nacional de Bolivia, las Fuerzas Armadas y con la Policía Boliviana, para cuyo efecto se requiere contar con una disposición normativa con rango de Decreto Supremo.

EN CONSEJO DE MINISTROS,

DECRETA:

ARTÍCULO 1.- (OBJETO). El presente Decreto Supremo tiene por objeto crear el Viceministerio de Lucha Contra el Contrabando.

ARTÍCULO 2.- (CREACIÓN DEL VICEMINISTERIO DE LUCHA CONTRA EL CONTRABANDO).

I. Se crea el Viceministerio de Lucha Contra el Contrabando en la estructura del Ministerio de Defensa establecida en el Artículo 38 del Decreto Supremo N° 29894, de 7 de febrero de 2009, Organización del Órgano Ejecutivo.

II. El Viceministerio de Lucha Contra el Contrabando tendrá bajo su dependencia a la Dirección General de Lucha Contra el Contrabando.

ARTÍCULO 3.- (ATRIBUCIONES DEL VICEMINISTERIO DE LUCHA CONTRA EL CONTRABANDO).

I. Las atribuciones del Viceministerio de Lucha Contra el Contrabando, en el marco de las competencias asignadas al nivel central por la Constitución Política del Estado, son las siguientes:
a) Elaborar e implementar políticas y estrategias de lucha contra el contrabando en coordinación con la Aduana Nacional y las Fuerzas Armadas.
b) Proponer y suscribir, convenios y/o acuerdos con entidades del sector público y/o privado, para la lucha contra el contrabando.
c) Vigilar el cumplimiento de las normas nacionales sobre la lucha contra el contrabando.
d) Requerir información a las Fuerzas Armadas que permita evaluar resultados en el marco de las operaciones realizadas de lucha contra el contrabando.
e) Coordinar y articular con las Fuerzas Armadas y con la Policía Boliviana, a través del Ministerio de Gobierno, en tareas de lucha contra el contrabando.

II. Las atribuciones señaladas en el Parágrafo precedente, serán incorporadas en el Artículo 41 bis del Decreto Supremo N° 29894, de 7 de febrero de 2009, Organización del Órgano Ejecutivo.

DISPOSICIONES ADICIONALES

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA.-

I. Se modifica la denominación y la estructura del Viceministerio de Comercio Interno y Exportaciones en la estructura jerárquica del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, establecida en el Artículo 63 del Decreto Supremo N° 29894, de 7 de febrero de 2009, Organización del Órgano Ejecutivo, con el siguiente texto:

“- Viceministerio de Comercio Interno
⦁ Dirección General de Comercio Interno
⦁ Dirección General de Desarrollo Comercial y Logística Interna”

II. Se modifica el inciso d) del Artículo 64 del Decreto Supremo N° 29894, de 7 de febrero de 2009, Organización del Órgano Ejecutivo, con el siguiente texto:

“d) Plantear y ejecutar políticas dirigidas a buscar el acceso al mercado nacional; y promoción de compras estatales en favor de las unidades productivas entendiéndose estas, a las micro, pequeña, mediana, gran empresa, industria, organizaciones económicas campesinas, asociaciones, organizaciones de pequeños productores urbanos y/o rurales, artesanos, organizaciones económico comunitaria y social cooperativa, precautelando el abastecimiento del mercado interno.”

III. Se modifica el inciso l) del Artículo 64 del Decreto Supremo N° 29894, de 7 de febrero de 2009, Organización del Órgano Ejecutivo, con el siguiente texto:

“l) Diseñar y ejecutar políticas en materia de calidad de los servicios y productos.”

IV. Se modifica el Artículo 68 del Decreto Supremo N° 29894, de 7 de febrero de 2009, Organización del Órgano Ejecutivo, con el siguiente texto:

“ ARTÍCULO 68.- (ATRIBUCIONES DEL VICEMINISTERIO DE COMERCIO INTERNO). Las atribuciones del Viceministerio de Comercio Interno, en el marco de las competencias asignadas al nivel central por la Constitución Política del Estado, son las siguientes:
a) Proponer políticas, reglamentos e instructivos para el desarrollo del comercio interno.
b) Promover políticas, reglamentos e instrumentos para el desarrollo y regulación del mercado interno, reordenamiento del comercio interno.
c) Proponer políticas, en materia de propiedad intelectual, supervisar el cumplimiento de la normativa vigente, objetivos y resultados institucionales del SENAPI y resolver los asuntos referidos a Marcas y Patentes, en el marco de las competencias conforme a ley.
d) Coordinar acciones con los otros Viceministerios del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, así como con los ministerios, y entidades territoriales autónomas en la promoción de programas y proyectos de fortalecimiento del comercio interno.
e) Promover y ejecutar políticas relacionadas al registro de comercio.
f) Proponer y ejecutar políticas de control y regulación de bienes de capital en el mercado interno.
g) Establecer banda de precios de bienes de capital del mercado interno, en los rubros determinados mediante resolución ministerial.
h) Realizar el control y monitoreo de precios en el mercado interno, su comportamiento e imponer sanciones de acuerdo a reglamentación especifica aprobada mediante resolución ministerial.
i) Proponer y ejecutar políticas, reglamentos para el desarrollo de los regímenes de exportación.
j) Controlar la aplicación de la neutralidad impositiva para las exportaciones, diferenciando entre las empresas exportadoras de materias primas y de productos con valor agregado.
k) Apoyar al Viceministerio de Comercio Exterior e Integración en las negociaciones internacionales, acuerdos bilaterales, multilaterales y regionales en materia de comercio exterior, integración comercial e inversiones, para consolidar el acceso efectivo y real a los mercados.
l) Proponer y ejecutar políticas, reglamentos para evitar prácticas desleales de comercio internacional.
m) Generar condiciones para el desarrollo de las exportaciones velando la competitividad de productos y servicios.
n) Desarrollar condiciones favorables para el sector productivo del país, en relación con el mercado interno de bienes y servicios.
o) Formular políticas y estrategias para el desarrollo del sistema logístico comercial interno, en coordinación con las instancias competentes.
p) Coordinar con el SENAVEX políticas y mecanismos de control que aseguren el cumplimiento de los acuerdos comerciales y regímenes preferenciales a través de la administración de registros y certificaciones de exportación.
q) Proponer políticas, reglamentos e instrumentos para promover el desarrollo industrial sostenido, que mejore la oferta exportable.
r) Otorgar la certificación de producción nacional para efectos de comercialización de productos en el mercado interno.
s) Simplificar, facilitar y asesorar técnica y jurídicamente en los trámites relacionados a las exportaciones.
t) Asesorar técnica, financiera y logísticamente para las exportaciones.
u) Capacitar al sector empresarial en comercio exterior.”

V. Se modifica el Artículo 5 del Decreto Supremo N° 3010, de 7 de diciembre de 2016, con el siguiente texto:

“ ARTÍCULO 5.- (CERTIFICACIÓN). El Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, a través del Viceministerio de Comercio Interno emitirá los certificados de autorización y uso del Sello HECHO EN BOLIVIA.”

VI. Se modifica el Artículo 6 del Decreto Supremo N° 3010, de 7 de diciembre de 2016, con el siguiente texto:

“ ARTÍCULO 6.- (CONTROL, PROMOCIÓN E INFORMACIÓN).

I. El Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, a través del Viceministerio de Comercio Interno, será la institución encargada de implementar, controlar y promover el uso del Sello HECHO EN BOLIVIA.

II. El Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural a través del Viceministerio de Comercio Interno, será la instancia encargada de centralizar la información relacionada con el Movimiento HECHO EN BOLIVIA.”

VII. Se modifica el inciso a) del Artículo 4 del Decreto Supremo N° 0108, de 1 de mayo de 2009, con el siguiente texto:

“a) A través del Viceministerio de Comercio Interno, emitirá la certificación de la producción nacional.”

VIII. Se modifica el Artículo 5 del Decreto Supremo N° 2738, de 20 de abril de 2016, con el siguiente texto:

“ ARTÍCULO 5.- (CERTIFICACIÓN). El Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural a través del Viceministerio de Comercio Interno, conforme a reglamentación, emitirá los certificados de autorización de uso del Sello Social Boliviano de la siguiente manera:
a) Para los productos primarios y transformados provenientes de la agricultura familiar sustentable;
b) Para productos industrializados que incorporen materia prima e insumos provenientes de la agricultura familiar sustentable.”

IX. Se modifica el Artículo 6 del Decreto Supremo N° 2738, de 20 de abril de 2016, con el siguiente texto:

“ ARTÍCULO 6.- (CONTROL Y PROMOCIÓN). El Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, a través del Viceministerio de Comercio Interno, controlará y promoverá el uso del Sello Social Boliviano.”

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA.-

I. Se modifica la denominación de la “Dirección General de Acuerdos Comerciales y de Inversión” por la “Dirección General de Promoción de Exportaciones, Acuerdos Comerciales y de Inversión” dependiente del Viceministerio de Comercio Exterior e Integración, en la estructura jerárquica del Ministerio de Relaciones Exteriores, establecida en el Artículo 16 del Decreto Supremo N° 29894, de 7 de febrero de 2009, Organización del Órgano Ejecutivo, modificado por el Parágrafo I del Artículo 2 del Decreto Supremo N° 0828, de 30 de marzo de 2011.

II. Se incorporan los incisos bb); cc); dd); ee); y ff) en el Artículo 17 del Decreto Supremo N° 29894, de 7 de febrero de 2009, Organización del Órgano Ejecutivo, con el siguiente texto:
“bb) Diseñar y ejecutar políticas de promoción de las exportaciones y apertura de mercados externos en el marco de la Constitución Política del Estado.
cc) Diseñar y ejecutar políticas para consolidar y promocionar la oferta exportable, en coordinación con las instancias competentes.
dd) Diseñar políticas de infraestructura física y desarrollo logístico para el comercio exterior en coordinación con las entidades competentes.
ee) Ejercer el rol de autoridad competente en materia de la Apostilla.
ff) Apostillar y legalizar los documentos nacionales que hubieran cumplido los requisitos exigidos para que surtan efectos legales en el extranjero, pudiendo retener la documentación presentada en los casos y de acuerdo a reglamento.”

III. Se incorporan los incisos o), p) y q) en el Artículo 19 del Decreto Supremo N° 29894, de 7 de febrero de 2009, Organización del Órgano Ejecutivo, con el siguiente texto:
“o) Proponer y promover políticas, para el desarrollo de las exportaciones de bienes con valor agregado y servicios.
p) Desarrollar e implementar sistemas de inteligencia comercial estratégica para promover la articulación y acceso a mercados externos.
q) Ejecutar políticas de desarrollo logístico para el comercio exterior en coordinación con las entidades competentes.”

DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA.- Se incorpora el inciso l) en el Artículo 39 del Decreto Supremo Nº 29894, de 7 de febrero de 2009, Organización del Órgano Ejecutivo, con el siguiente texto:

“l) Elaborar, diseñar e implementar políticas públicas en materia de lucha contra el contrabando.”

DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA.- Se incorporan los incisos x); e y) en el Artículo 64 del Decreto Supremo N° 29894, de 7 de febrero de 2009, Organización del Órgano Ejecutivo, con el siguiente texto:
“x) Desarrollar la base productiva para consolidar la oferta exportable nacional con valor agregado.
y) Diseñar y ejecutar políticas para el desarrollo del sistema logístico nacional.”

DISPOSICIÓN ADICIONAL QUINTA.-

I. Se incorpora en la estructura del Viceministerio de Justicia y Derechos Fundamentales del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional establecida en el Artículo 79 del Decreto Supremo N° 29894, de 7 de febrero de 2009, Organización del Órgano Ejecutivo, modificado por el Parágrafo XI del Artículo 7 del Decreto Supremo N° 3058, de 22 de enero de 2017 y el Parágrafo II del Artículo 2 del Decreto Supremo N° 3070, de 1 de febrero de 2017, la siguiente Dirección:

“ • Dirección General de Registro Público de la Abogacía”

II. Se incorpora el inciso jj) en el Artículo 80 del Decreto Supremo Nº 29894, de 7 de febrero de 2009, Organización del Órgano Ejecutivo, modificado por el Parágrafo XII del Artículo 8 del Decreto Supremo N° 3058, de 22 de enero de 2017, con el siguiente texto:

“jj) Dirigir el registro y matriculación de las y los abogados y sociedades civiles, velando por el correcto ejercicio profesional de la abogacía.”

III. Se incorpora el inciso i) en el Artículo 81 del Decreto Supremo Nº 29894, de 7 de febrero de 2009, Organización del Órgano Ejecutivo, con el siguiente texto:

“i) Procesar el registro, matriculación y control de Abogadas y Abogados, así como la promoción de actividades académicas e investigativas.”

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEXTA.- Se modifica y adecúa en lo que corresponda, toda la normativa vigente.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA.- A partir de la publicación del presente Decreto Supremo y para dar cumplimiento a lo establecido en el inciso a) de las Disposiciones Derogatorias y en un plazo de hasta cuarenta y cinco (45) días calendario:
I. Los activos de PROMUEVE - BOLIVIA que actualmente están en el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía y Plural, de acuerdo a requerimiento serán transferidos al Ministerio de Defensa mediante Actas.
II. Los pasivos de PROMUEVE - BOLIVIA serán asumidos por el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía y Plural.
III. Los saldos presupuestarios de PROMUEVE - BOLIVIA, financiados con recursos del Tesoro General de la Nación – TGN, registrados en el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía y Plural, serán transferidos a la entidad 99 “Tesoro General de la Nación”.
IV. Los saldos presupuestarios de PROMUEVE - BOLIVIA, financiados con recursos específicos permanecerán en el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA.- Se autoriza a los Ministerios de Economía y Finanzas Públicas; de Desarrollo Productivo y Economía Plural; de Relaciones Exteriores; y de Defensa, en el marco de sus competencias, efectuar las modificaciones presupuestarias y contables que correspondan, emergentes de la aplicación del presente Decreto Supremo. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA.-

I. Los documentos emitidos por el ex Viceministerio de Comercio Interno y Exportaciones y ex PROMUEVE - BOLIVIA, de manera previa a la fecha de publicación del presente Decreto Supremo quedan válidos y subsistentes hasta el término de vigencia de dichos documentos.

II. Los trámites iniciados ante el ex Viceministerio de Comercio Interno y Exportaciones y ex PROMUEVE - BOLIVIA que no habrían sido concluidos a la fecha de publicación del presente Decreto Supremo, deberán concluir conforme a la normativa aplicable en su momento de inicio y serán asumidos por el Viceministerio de Comercio Interno.

DISPOSICIONES ABROGATORIAS Y DEROGATORIAS

DISPOSICIONES DEROGATORIAS.- Se derogan las siguientes disposiciones:
a) Los Artículos 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26 del Decreto Supremo N° 29727, de 1 de octubre de 2008;
b) El inciso k) del Artículo 4 del Decreto Supremo N° 29847, de 10 de diciembre de 2008;
c) El inciso f) del Artículo 64 del Decreto Supremo N° 29894, de 7 de febrero de 2009, Organización del Órgano Ejecutivo.

DISPOSICIONES FINALES

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA.- La implementación del presente Decreto Supremo no representara recursos adicionales del TGN.

Los señores Ministros de Estado en sus respectivos Despachos, quedan encargados de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto Supremo.

Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los veinticinco días del mes de abril del año dos mil dieciocho.

FDO. EVO MORALES AYMA, Fernando Huanacuni Mamani, Alfredo Rada Vélez, Javier Eduardo Zavaleta López MINISTRO DE DEFENSA E INTERINO DE GOBIERNO, Mario Alberto Guillén Suárez, Luis Alberto Sanchez Fernandez, Rafael Alarcón Orihuela MINISTRO DE ENERGÍAS E INTERINO DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO Y DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA, Eugenio Rojas Apaza, Félix Cesar Navarro Miranda, Héctor Enrique Arce Zaconeta, Héctor Andrés Hinojosa Rodríguez MINISTRO DE TRABAJO, EMPLEO Y PREVISIÓN SOCIAL E INTERINO DE SALUD, Carlos Rene Ortuño Yañez, Cesar Hugo Cocarico Yana, Wilma Alanoca Mamani MINISTRA DE CULTURAS Y TURISMO E INTERINA DE EDUCACIÓN, Gisela Karina López Rivas, Tito Rolando Montaño Rivera.

DECRETO SUPREMO N° 3542
EVO MORALES AYMA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

CONSIDERANDO:

Que los numerales 4 y 5 del Parágrafo I del Artículo 298 de la Constitución Política del Estado, señalan que es competencia privativa del nivel central del Estado el régimen aduanero y el comercio exterior.

Que el Artículo 314 del Texto Constitucional, establece que se prohíbe el monopolio y el oligopolio privado, así como cualquier otra forma de asociación o acuerdo de personas naturales o jurídicas privadas, bolivianas o extranjeras, que pretendan el control y la exclusividad en la producción y comercialización de bienes y servicios.

Que la Ley N° 1990, de 28 de julio de 1999, General de Aduanas, regula el ejercicio de la potestad aduanera y las relaciones jurídicas entre la Aduana Nacional y las personas naturales o jurídicas que intervienen en el ingreso y salida de mercancías del territorio aduanero nacional.

Que el Artículo 42 de la Ley Nº 1990, dispone que el Despachante de Aduana, como persona natural y profesional, es auxiliar de la función pública aduanera. Será autorizado por la Aduana Nacional previo examen de suficiencia, para efectuar despachos aduaneros y gestiones inherentes a operaciones de comercio exterior, por cuenta de terceros.

Que la Sentencia Constitucional Plurinacional 0028/2016, de 1 de marzo de 2016, declara constitucional la Disposición Transitoria Segunda de la Ley del Presupuesto General del Estado 2014 – Ley N° 455, de 11 de diciembre de 2013 en la que se establece que “Los Despachantes de Aduana que al momento de la promulgación de la presente Ley cuenten con una licencia en vigencia, deberán renovar la misma mediante examen de suficiencia a ser convocado por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, en las condiciones establecidas en la presente Ley y su Reglamento. Los Agentes Despachantes que no se presenten al examen de suficiencia perderán su licencia de manera automática”.

Que entre los fundamentos de la Sentencia Constitucional Plurinacional 0028/2016, se señala “Por lo que esta función delegada por el Estado y que prestan los despachantes de aduana, requiere de una constante y periódica evaluación de desempeño, toda vez que parte de la recaudación relacionada con el Presupuesto General del Estado, que se da a través de estos funcionarios, quienes dan fe a las declaraciones aduaneras, y al establecerse que estos deben renovar su licencia mediante un examen de suficiencia, no se lesiona de ninguna manera ningún derecho consolidado, toda vez que la permanencia en dichos cargos deben responder a méritos y suficiencia técnica así como conocimientos relacionados al tema de importación y exportación de mercadería”.

Que el párrafo segundo del Artículo 51 de la Ley N° 1990, modificado por la Disposición Adicional Decima Quinta de la Ley Nº 1006, de 20 de diciembre de 2017, del Presupuesto General del Estado Gestión 2018, establece que para constituir una Agencia Despachante de Aduana el capital social mínimo será pagado en moneda nacional equivalente a Veinte Mil Unidades de Fomento a la Vivienda (20.000 UFV’s).

Que el Artículo 44 de la Ley N° 1990, modificado por la Disposición Adicional Tercera de la Ley N° 455, de 11 de diciembre de 2013, del Presupuesto General del Estado Gestión 2014, dispone que los exámenes de suficiencia para postulantes a la licencia de despachantes de aduana, se realizaran ante un tribunal examinador designado por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, el cual será convocado conforme a lo dispuesto en Decreto Supremo reglamentario. La licencia de Despachante de Aduana será otorgada por la Aduana Nacional, y tendrá una vigencia de cinco (5) años calendario; asimismo, la renovación de la licencia de Despachante de Aduana procederá previo examen de suficiencia conforme a lo establecido en la citada Ley y su Reglamento.

Que en virtud a las competencias privativas del nivel central del Estado, se hace necesario establecer modificaciones al Reglamento a la Ley General de Aduanas, estableciendo las condiciones para convocar a exámenes de suficiencia, a objeto de obtener la licencia y autorización como auxiliares de la función pública aduanera.

EN CONSEJO DE MINISTROS,

DECRETA:

ARTÍCULO 1.- (OBJETO). El presente Decreto Supremo tiene por objeto realizar modificaciones al Reglamento a la Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo N° 25870, de 11 de agosto de 2000.

ARTÍCULO 2.- (MODIFICACIONES).

I. Se modifica el primer párrafo del Artículo 41 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo N° 25870, de 11 de agosto de 2000, con el siguiente texto:

“ ARTÍCULO 41 (CALIDAD DE AUXILIAR DE LA FUNCIÓN PÚBLICA ADUANERA).- El Despachante de Aduana es el auxiliar de la función pública aduanera, autorizado para realizar despachos por cuenta de terceros, sea que actué de manera independiente o como representante legal, socio, accionista o dependiente, de una Agencia Despachante de Aduana, empresa industrial o comercial.”

II. Se modifica el Artículo 42 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo N° 25870, de 11 de agosto de 2000, con el siguiente texto:

“ ARTÍCULO 42 (INCOMPATIBILIDADES).- Desde la obtención de la autorización correspondiente otorgada por la Aduana Nacional, el ejercicio de actividades de Despachante es incompatible, con el ejercicio de cargos en la función pública, el ejercicio simultáneo de la administración o representación legal del consignante o consignatario, concesionario de depósito aduanero o zona franca, transportador internacional u otras personas naturales o jurídicas que realicen operaciones de comercio exterior, así como el ejercicio profesional a favor de terceros que no fueren sus comitentes en acciones legales contra la Aduana Nacional, exceptuándose para este efecto a la docencia universitaria.

El Despachante de Aduana independiente, no podrá realizar despachos aduaneros en una Agencia Despachante de Aduana, empresa industrial o comercial de la que forme parte.

El Despachante de Aduana que forme parte de una Agencia Despachante de Aduana, empresa industrial o comercial, no podrá realizar despachos aduaneros por cuenta de otra Agencia Despachante de Aduana, empresa industrial o comercial.”

III. Se modifica el Artículo 43 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo N° 25870, de 11 de agosto de 2000, con el siguiente texto:

“ ARTÍCULO 43 (REQUISITOS PARA PRESENTARSE AL EXAMEN).- I. Para obtener la licencia de Despachante de Aduana, la o el postulante debe presentarse al examen de suficiencia conforme a la convocatoria pública, cumpliendo con los siguientes requisitos:

a) Tener nacionalidad boliviana.
b) No tener adeudos tributarios ejecutoriados con la Aduana Nacional, pendientes de pago.
c) Acreditar buena conducta, certificada por la Policía Nacional.
d) Contar con título académico a nivel licenciatura en cualquier disciplina o como mínimo con título de técnico superior en comercio exterior.
e) Poseer como mínimo dos (2) años de experiencia laboral en actividades relacionadas al comercio exterior y operaciones aduaneras.
f) No tener sentencia condenatoria ejecutoriada en materia penal pendiente de cumplimiento, certificada por el Registro Judicial de Antecedentes Penales – REJAP.
g) No tener cargos pendientes ejecutoriados con el Estado, certificado por la Contraloría General del Estado.

Los requisitos señalados en los incisos b), c), f) y g) que anteceden, deberán estar vigentes a la fecha de su presentación o haber sido emitidos durante la gestión de la convocatoria.

II. Los requisitos establecidos en el Parágrafo I del presente Artículo, deberán ser verificados mediante mecanismos de interoperabilidad y cuando estos no estén disponibles, a través de documentos originales, copias legalizadas o simples, según corresponda.”

IV. Se modifica el Artículo 45 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo N° 25870, de 11 de agosto de 2000, con el siguiente texto:

“ ARTÍCULO 45 (EXAMEN DE SUFICIENCIA).- El examen de suficiencia se efectuará conforme a las condiciones y por los medios que se determine en la convocatoria pública, la cual estará en estrecha relación a un programa definido al efecto.

El puntaje mínimo de aprobación será de setenta por ciento (70%) sobre el cien por ciento (100%) de la nota.”

V. Se modifica el Artículo 47 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo N° 25870, de 11 de agosto de 2000, con el siguiente texto:
“ ARTÍCULO 47 (TRIBUNAL EXAMINADOR).- El Ministro de Economía y Finanzas Públicas previo a la conclusión de la vigencia de la licencia de Despachantes de Aduana, en función al crecimiento o requerimientos del comercio exterior boliviano, designará a los miembros del Tribunal Examinador, el cual estará conformado por un presidente, un secretario y vocales.
Una vez conformado el Tribunal Examinador, este será convocado por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, a objeto de emitir la convocatoria a exámenes de suficiencia conforme a las directrices del Reglamento de Evaluación.
Las atribuciones del Tribunal Examinador serán establecidas en el Reglamento de Evaluación y ejercerá funciones desde su designación hasta la conclusión del proceso de evaluación.”

VI. Se modifica el Artículo 49 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo N° 25870, de 11 de agosto de 2000, con el siguiente texto:
“ ARTÍCULO 49 (OTORGAMIENTO DE LA LICENCIA).- El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas en base al Informe del Tribunal Examinador, remitirá a la Aduana Nacional, la lista de los postulantes que hayan superado todas las etapas del proceso de evaluación, para que dicha entidad les otorgue la licencia de Despachante de Aduana.
La licencia deberá ser expedida dentro de los siguientes cinco (5) días hábiles, posteriores a la fecha de recepción de los resultados del proceso de evaluación, además de señalar expresamente que es personal, indelegable, intransferible y con una duración de cinco (5) años, en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 44 de la Ley Nº 1990, de 28 de julio de 1999, General de Aduanas.
La licencia permite a su titular, solicitar la autorización para el ejercicio de actividades como Despachante independiente, representante legal, dependiente, socio o accionista, de una Agencia Despachante de Aduana, empresa industrial o comercial.”

VII. Se modifica el Artículo 51 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo N° 25870, de 11 de agosto de 2000, con el siguiente texto:

“ ARTÍCULO 51 (REQUISITOS PARA LA AUTORIZACIÓN DEL EJERCICIO DE ACTIVIDADES DE DESPACHANTE DE ADUANA INDEPENDIENTE).-
I. Para la obtención de la autorización del ejercicio de actividades de Despachante de Aduana independiente, éste deberá registrarse ante la Aduana Nacional, contando con los siguientes requisitos:
a) Licencia de Despachante otorgada por la Aduana Nacional.
b) Número de Identificación Tributaria – NIT.
c) Haber constituido la garantía correspondiente ante la Aduana Nacional.
d) Domicilio fiscal en la jurisdicción aduanera donde ejercerá sus actividades.

En caso de que el Despachante solicite su autorización para el ejercicio de actividades de manera posterior a noventa (90) días calendario, desde la emisión de su licencia, además de los requisitos señalados anteriormente, deberá registrarse contando con los requisitos vigentes, establecidos en los incisos b) y g) del Artículo 43 del presente Reglamento.

II. Los requisitos establecidos en el Parágrafo I del presente Artículo, deberán ser verificados mediante mecanismos de interoperabilidad y cuando estos no estén disponibles, a través de documentos originales o copias legalizadas.”

VIII. Se modifica el Artículo 52 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo N° 25870, de 11 de agosto de 2000, con el siguiente texto:

“ ARTÍCULO 52 (REQUISITOS PARA LA HABILITACIÓN DEL EJERCICIO DE ACTIVIDADES DE AGENCIAS DESPACHANTES DE ADUANA).-

I. Las Agencias Despachantes de Aduana, para habilitarse en el ejercicio de actividades, deberán registrarse ante la Aduana Nacional contando con los siguientes requisitos:
a) Matricula de Comercio actualizada emitida por la entidad encargada del Registro de Comercio de Bolivia, con el objeto social de despachos aduaneros y gestiones inherentes a operaciones de comercio exterior, con un capital social pagado no inferior al monto equivalente de UFV’s 20.000.- (VEINTE MIL 00/100 UNIDADES DE FOMENTO A LA VIVIENDA).
b) Número de Identificación Tributaria – NIT.
c) Licencia de Despachante y poder notarial del representante legal debidamente inscrito en la entidad encargada del Registro de Comercio de Bolivia.
d) Licencia y poder notarial del o los Despachantes de Aduana que representaran a la Agencia, sean estos dependientes, socios o accionistas.
e) No tener cargos pendientes ejecutoriados con el Estado, certificado por la Contraloría General del Estado.
f) Haber constituido la garantía correspondiente ante la Aduana Nacional.
g) Establecer domicilio fiscal o sucursales cuando corresponda, en las jurisdicciones aduaneras donde realizará actividades, debiendo designar al menos un Despachante de Aduana en cada una de ellas.

En caso de que la Agencia Despachante de Aduana, solicite la autorización de un Despachante como representante legal, dependiente, socio o accionista, de manera posterior a noventa (90) días calendario, desde la emisión de la licencia de estos últimos, además de los requisitos señalados anteriormente, deberá registrarlos contando con los documentos vigentes, establecidos en los incisos b) y g) del Artículo 43 del presente Reglamento.

II. Cualquier modificación ulterior de la información referida a los requisitos en los incisos a), c), d) y g), deberá ser comunicada a la Aduana Nacional dentro de los cinco (5) días hábiles de producido el cambio.

III. Los requisitos establecidos en los Parágrafos I y II del presente Artículo, deberán ser verificados mediante mecanismos de interoperabilidad y cuando estos no estén disponibles, a través de documentos originales o copias legalizadas.”

IX. Se modifica el Artículo 53 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo N° 25870, de 11 de agosto de 2000, con el siguiente texto:

“ ARTÍCULO 53 (DESPACHOS ADUANEROS DE EMPRESAS INDUSTRIALES O COMERCIALES). Las empresas industriales o comerciales legalmente establecidas, salvo las excepciones previstas en la Ley y el presente Reglamento, podrán realizar sus despachos aduaneros de mercancías a través de las siguientes alternativas:

a) De manera directa.
b) Por intermedio de su propio Despachante de Aduana con licencia.
c) Mediante un Despachante independiente.
d) A través de una Agencia Despachante de Aduana.”

X. Se modifica el Artículo 54 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo N° 25870, de 11 de agosto de 2000, con el siguiente texto:

“ ARTÍCULO 54 (AUTORIZACIÓN Y HABILITACIÓN PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES).-

I. Una vez verificados los requisitos exigidos en los Artículos 51 o 52 del presente Reglamento, la Aduana Nacional mediante sistema autorizará el ejercicio de actividades del Despachante de Aduana Independiente o habilitará a la Agencia Despachante de Aduana, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes.

II. La autorización del Despachante de Aduana, que sea dependiente, socio o accionista de una Agencia Despachante de Aduana, empresa industrial o comercial, se efectuará al momento del registro en el sistema de la Aduana Nacional, por parte de estos últimos.”

XI. Se modifica el Artículo 56 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo N° 25870, de 11 de agosto de 2000, con el siguiente texto:

“ ARTÍCULO 56 (CONSTITUCIÓN DE LA GARANTÍA).- Con el objeto de garantizar el cumplimiento de sus obligaciones y responsabilidades ante el Estado, así como el pago de tributos aduaneros, actualizaciones, intereses y sanciones pecuniarias a que haya lugar, emergentes de los despachos aduaneros y de las operaciones en las que intervengan, el Despachante de Aduana independiente o la Agencia Despachante de Aduana, para ejercer sus actividades deberá constituir garantía ante la Aduana Nacional.

El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, mediante Resolución Ministerial, establecerá los montos, modalidades de las garantías y demás condiciones para tal efecto.”

XII. Se modifica el Artículo 58 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo N° 25870, de 11 de agosto de 2000, con el siguiente texto:

“ ARTÍCULO 58 (OBLIGACIONES).- Los Despachantes de Aduana independientes y las Agencias Despachantes de Aduana, en el ejercicio de sus actividades deberán cumplir con todas las obligaciones que señala la Ley, el presente reglamento y otras disposiciones legales en comercio exterior vigentes, así mismo deberá cumplir con lo siguiente:
a) Ocuparse en forma diligente de las actividades que realice o en las que participe.
b) Elaborar, suscribir y presentar las declaraciones de mercancías en la forma, oportunidad y en los medios que señale la Aduana Nacional y las disposiciones legales aduaneras.
c) Llevar registros en los que se detallen cronológicamente los despachos aduaneros efectuados y los trámites inherentes a estos, debiendo conservarlos por el término de prescripción de los tributos aduaneros. El contenido y tipo de registros, será reglamentado por la Aduana Nacional.
d) Tener al momento de presentar las declaraciones de mercancías todos los documentos exigibles que amparen las mercancías cuyo despacho se solicita.
e) Conservar en forma ordenada la documentación inherente a los despachos y operaciones aduaneras realizadas, hasta el término de la prescripción. Los documentos originales de soporte presentados a la administración tributaria, podrán ser conservados por la Administración Aduanera en la forma, plazos y condiciones que determine su máxima autoridad normativa.
f) Legalizar fotocopias de los documentos originales que conserva en archivo, conforme al inciso anterior.
g) Mantener vigentes las garantías por el tiempo que dure la autorización otorgada por la Aduana Nacional.
h) Proporcionar a la Aduana Nacional información y documentación cuando ésta la solicite, sobre los despachos aduaneros en los que intervino.
i) Facilitar las tareas de inspección, fiscalización e investigación que realice la Aduana Nacional, sobre los documentos que cursan en su poder, relativos a despachos aduaneros y demás trámites relacionados con regímenes aduaneros en los que haya intervenido.
j) Comunicar a la Aduana Nacional, cualquier cambio en su situación que pueda dar lugar a la alteración de su responsabilidad.
k) Contar con la infraestructura y equipamiento necesario para garantizar la actualización tecnológica indispensable para la elaboración, transmisión electrónica y archivo documental de las declaraciones de mercancías y otros documentos e informaciones.
l) Cumplir con los días y horarios de atención que establezca la Aduana Nacional.
m) Dar cumplimiento a las disposiciones que emita la Aduana Nacional para realizar operaciones aduaneras en todas las administraciones de aduana habilitadas para el efecto.”

XIII. Se modifica el Artículo 59 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo N° 25870, de 11 de agosto de 2000, con el siguiente texto:

“ ARTÍCULO 59 (SUSCRIPCIÓN DE DECLARACIONES DE MERCANCÍAS).- Las declaraciones de mercancías de despacho aduanero, salvo las excepciones previstas en la Ley y el presente Reglamento, serán suscritas por el Declarante autorizado.

En los casos donde intervenga un Despachante de Aduana independiente y en situaciones de ausencia o impedimento temporal del mismo por razones de salud, u otras causales de fuerza mayor o caso fortuito debidamente justificadas, la Aduana Nacional podrá autorizar la transferencia de los despachos aduaneros pendientes, a otro Despachante independiente en ejercicio, quien deberá culminar con el trámite, cumpliendo con todas las formalidades aduaneras correspondientes.

Las Agencias Despachantes de Aduana que hayan autorizado a más de un Despachante, la responsabilidad de la conclusión del trámite recaerá sobre otro Despachante autorizado en la misma Agencia.”

XIV. Se modifica el Artículo 61 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo N° 25870, de 11 de agosto de 2000, con el siguiente texto:

“ ARTÍCULO 61 (RESPONSABILIDAD SOLIDARIA E INDIVISIBLE).- El Despachante de Aduana independiente o la Agencia Despachante de Aduana, según corresponda, responderá solidariamente con su comitente, consignante o consignatario de las mercancías, por el pago total de los tributos aduaneros, actualizaciones e intereses correspondientes, multas o sanciones pecuniarias que se deriven de las operaciones aduaneras en las que intervengan, salvo las eximentes de responsabilidad establecidas en el Artículo 183 de la Ley.

La responsabilidad solidaria e indivisible sobre la obligación tributaria aduanera, nace desde el momento de la aceptación por la Aduana Nacional de la declaración de mercancías.”

XV. Se modifica el Artículo 63 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo N° 25870, de 11 de agosto de 2000, con el siguiente texto:

“ ARTÍCULO 63 (DELIMITACIÓN, CAMBIO Y AMPLIACIÓN DE JURISDICCIÓN ADUANERA).-

I. La delimitación y condiciones para la asignación de jurisdicción aduanera será establecida en procedimiento de la Aduana Nacional.

II. El cambio de jurisdicción, deberá ser realizado por el Despachante de Aduana independiente, a través del sistema de la Aduana Nacional, debiendo contar con NIT que acredite el nuevo domicilio fiscal donde realizará sus operaciones.

III. El cambio o ampliación de jurisdicción, deberá ser realizada por la Agencia Despachante, a través del sistema de la Aduana Nacional, debiendo contar con los siguientes requisitos:
a) NIT que acredite el nuevo domicilio fiscal o sucursal donde realizará sus operaciones.
b) Designación del o los Despachantes con licencia, que representarán legalmente a la Agencia, con el respectivo poder notariado.

IV. Los requisitos establecidos en los Parágrafos II y III precedentes, deberán ser verificados mediante mecanismos de interoperabilidad y cuando estos no estén disponibles, a través de documentos originales o copias legalizadas.

V. En los casos señalados en los Parágrafos II y III del presente Artículo, la Aduana Nacional mediante sistema se pronunciará sobre el cambio o ampliación de jurisdicción, en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles, computables a partir de la solicitud.

VI. El cambio de jurisdicción, no exime al Despachante o Agencia Despachante de Aduana de todas las obligaciones y responsabilidades establecidas por el ejercicio de sus funciones en la jurisdicción o jurisdicciones aduaneras en las que ejerció funciones anteriormente.”
XVI. Se modifica el Artículo 64 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo N° 25870, de 11 de agosto de 2000, con el siguiente texto:

“ ARTÍCULO 64 (CAMBIO DE RAZÓN SOCIAL).- El cambio de razón social de la Agencia Despachante de Aduana será verificado por la Aduana Nacional, mediante mecanismos de interoperabilidad con las entidades competentes.

El cambio de razón social de la Agencia Despachante de Aduana, no la exime de las obligaciones y responsabilidades que tuviera con la Aduana Nacional.”

XVII. Se modifica el Artículo 65 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo N° 25870, de 11 de agosto de 2000, con el siguiente texto:

“ ARTÍCULO 65 (SUSPENSIÓN TEMPORAL VOLUNTARIA O FORZOSA DE ACTIVIDADES).-

I. El Despachante de Aduana independiente o la Agencia Despachante de Aduana que decida voluntariamente suspender temporalmente sus actividades, deberá comunicar tal decisión a la Aduana Nacional, momento a partir del cual no podrá realizar despachos aduaneros ni trámites inherentes a estos, excepto en aquellos casos referidos a despachos aduaneros que deben ser concluidos y los que correspondan para cancelar plazos pendientes.

II. La Aduana Nacional procederá a la suspensión temporal forzosa del Despachante de Aduana independiente o la Agencia Despachante de Aduana de conformidad al inciso b) del Artículo 187 de la Ley, a cuyo efecto la Aduana Nacional emitirá el reglamento respectivo.

III. La suspensión temporal de actividades del Despachante de Aduana independiente o Agencia Despachante de Aduana, señalados en los Parágrafos I y II del presente Artículo, no los exime del cumplimiento del inciso g) del Artículo 58 del presente Reglamento. Asimismo, no estarán liberados de las obligaciones y responsabilidades tributarias aduaneras que se establezcan en su contra.”

XVIII. Se modifica el Artículo 66 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo N° 25870, de 11 de agosto de 2000, con el siguiente texto:

“ ARTÍCULO 66 (CESE DEFINITIVO DE ACTIVIDADES).- Los Despachantes de Aduana independientes o Agencias Despachantes de Aduana, que con anticipación a la conclusión de su periodo de ejercicio, decidan voluntariamente, cesar definitivamente en sus actividades, solicitarán a la Aduana Nacional, la baja de su autorización o habilitación, según corresponda y la devolución de su garantía.

La Aduana Nacional verificará si los Despachantes Independientes o Agencias Despachantes de Aduana, tienen plazos no cancelados, trámites, procesos, cargos u otras obligaciones pendientes, debiendo disponer la baja de la autorización o habilitación, según corresponda y la devolución de la garantía en el plazo de cuarenta y cinco (45) días calendario a partir de la recepción de la solicitud, en caso de que no existan observaciones.

En caso de existir plazos no cancelados, trámites, procesos, cargos u otras obligaciones pendientes, se denegará la solicitud de cese definitivo de actividades y se exigirá al solicitante el cumplimiento de las obligaciones pendientes, para lo cual si la garantía estuviera próxima a su vencimiento, los Despachantes de Aduana independientes o Agencias Despachantes de Aduana, quedaran obligados a renovar la misma por igual plazo, y una vez cumplidas las obligaciones pendientes, la Aduana Nacional deberá proceder conforme al párrafo precedente.

El cese definitivo del Despachante de Aduana independiente o Agencia Despachante de Aduana, no los libera de las responsabilidades y obligaciones tributarias aduaneras que puedan establecerse en su contra.”

XIX. Se modifica el Artículo 68 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo N° 25870, de 11 de agosto de 2000, con el siguiente texto:

“ ARTÍCULO 68 (CAUSALES DE BAJA).-

I. La Aduana Nacional dará de baja la autorización del ejercicio de actividades del Despachante que actué de manera independiente o como representante legal, dependiente, socio o accionista de una Agencia Despachante de Aduana, empresa industrial o comercial, en los siguientes casos:
a) No contar con licencia vigente.
b) Exista sentencia ejecutoriada que establezca la responsabilidad o participación en delitos tributarios aduaneros.
c) Cuando en proceso judicial con fallo ejecutoriado se compruebe su participación, en cualquier delito relacionado a su actividad o a la obtención de su licencia o autorización.
d) Cuando la Aduana Nacional identifique una incompatibilidad sobreviniente conforme lo establecido en el Artículo 42 del presente Reglamento.
e) Cuando no realice actividades por más de ciento ochenta (180) días calendario sin haber solicitado su suspensión temporal a la Aduana Nacional.
f) Cuando permita a terceros no autorizados el uso, de la licencia, usuario del sistema informático, firma manuscrita o digital, y de la autorización para el ejercicio de actividades.
g) Cuando se identifique la falsedad material e ideológica de cualesquiera de los documentos o información presentados para acreditar el cumplimiento de requisitos, antes o después del examen de suficiencia.
h) Cese definitivo de actividades.
i) Por fallecimiento.

II. La Aduana Nacional dará de baja la habilitación del ejercicio de actividades de la Agencia Despachante de Aduana, en los siguientes casos:
a) Cuando el representante legal no cuente con licencia vigente.
b) Cuando no realice actividades por más de ciento ochenta (180) días calendario sin haber solicitado su suspensión temporal a la Aduana Nacional.
c) Cuando permita a terceros no autorizados el uso, de usuarios del sistema informático, firma manuscrita o digital del o los despachantes autorizados.
d) Cese definitivo de actividades.
e) En caso de no solicitar la autorización de nuevo representante legal, por causa de fallecimiento.
f) Por fallecimiento del titular en caso de empresas unipersonales.

III. La baja de la habilitación de la Agencia Despachante de Aduana dará lugar a la baja de la autorización de los Despachantes de Aduana dependientes, socios o accionistas.

IV. La baja de la autorización para el ejercicio de Despachante Independiente y habilitación de la Agencia Despachante de Aduana, conforme a los Parágrafos I y II precedentes, no los libera de las deudas contraídas con la Aduana Nacional y terceros.”

XX. Se modifica el Artículo 69 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo N° 25870, de 11 de agosto de 2000, con el siguiente texto:

“ ARTÍCULO 69 (ENTREGA DE DOCUMENTOS).- En los casos en los que se haya configurado el cambio de jurisdicción establecido en los Parágrafos II y III del Articulo 63 y las previsiones establecidas el Artículo 66 y 68 del presente Reglamento, el Despachante independiente o Agencia Despachante de Aduana, deberán entregar a la Aduana Nacional bajo inventario, la información y documentación inherente a los despachos y operaciones aduaneras realizadas en los que hayan intervenido, debidamente notariados y conforme a las formalidades y plazos que defina la Aduana Nacional a través de reglamentación.

La Aduana Nacional transferirá la información y documentación recibida, a Despachantes independientes o Agencias Despachantes de Aduana dentro de la misma jurisdicción aduanera, de acuerdo a reglamento emitido por la Aduana Nacional.”

ARTÍCULO 3 (INCORPORACIÓN).- Se incorpora el inciso d) en el tercer párrafo del Artículo 271 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo N° 25870, de 11 de agosto de 2000, con el siguiente texto:

“d) Otras modalidades que determine el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.”

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA.- Las Agencias Despachantes de Aduana que con anterioridad a la publicación del presente Decreto Supremo, tengan ampliación de jurisdicción, deberán adecuarse a lo dispuesto en el presente Reglamento, una vez concluido el proceso de evaluación de Despachantes.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA.- Los Despachantes de Aduana que con anterioridad a la publicación del presente Decreto Supremo, cuenten con licencia vigente emitida por autoridad competente, a efectos de renovar la misma deberán presentarse al examen de suficiencia convocado para tal efecto.

El Despachante de Aduana que no se presente al examen de suficiencia para renovar su licencia o repruebe el mismo, perderá su licencia de manera automática.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA.- El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, mediante Resolución Ministerial, aprobará el Reglamento de Evaluación para Despachantes de Aduana.

DISPOSICIONES ABROGATORIAS Y DEROGATORIAS

DISPOSICIONES DEROGATORIAS.- Quedan derogados los Artículos 44, 46, 48, 50, 55, 62, 67 y 305 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo N° 25870, de 11 de agosto de 2000.

El señor Ministro de Estado en el Despacho de Economía y Finanzas Públicas, queda encargado de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto Supremo.

Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los veinticinco días del mes de abril del año dos mil dieciocho.

FDO. EVO MORALES AYMA, Fernando Huanacuni Mamani, Alfredo Rada Vélez, Javier Eduardo Zavaleta López MINISTRO DE DEFENSA E INTERINO DE GOBIERNO, Mario Alberto Guillén Suárez, Luis Alberto Sanchez Fernandez, Rafael Alarcón Orihuela MINISTRO DE ENERGÍAS E INTERINO DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO Y DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA, Eugenio Rojas Apaza, Félix Cesar Navarro Miranda, Héctor Enrique Arce Zaconeta, Héctor Andrés Hinojosa Rodríguez MINISTRO DE TRABAJO, EMPLEO Y PREVISIÓN SOCIAL E INTERINO DE SALUD, Carlos Rene Ortuño Yañez, Cesar Hugo Cocarico Yana, Wilma Alanoca Mamani MINISTRA DE CULTURAS Y TURISMO E INTERINA DE EDUCACIÓN, Gisela Karina López Rivas, Tito Rolando Montaño Rivera.