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Bolivia


TEXTO DE CONSULTA
Gaceta Oficial del Estado Plurinacional de Bolivia
Derechos Reservados © 2026

DECRETO SUPREMO N° 5749
RODRIGO PAZ PEREIRA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

CONSIDERANDO:

Que el Parágrafo II del Artículo 8 de la Constitución Política del Estado determina que el Estado asume y promueve como principios ético-morales de la sociedad plural: ama qhilla, ama llulla, ama suwa (no seas flojo, no seas mentiroso ni seas ladrón), suma qamaña (vivir bien), ñandereko (vida armoniosa), teko kavi (vida buena), ivi maraei (tierra sin mal) y qhapaj ñan (camino o vida noble).

Que los numerales 1 y 8 del Artículo 108 del Texto Constitucional establecen que son deberes de las bolivianas y bolivianos conocer, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes; y denunciar y combatir todos los actos de corrupción.

Que el Artículo 232 del Texto Constitucional dispone que la Administración Pública se rige por los principios de legitimidad, legalidad, imparcialidad, publicidad, compromiso e interés social, ética, transparencia, igualdad, competencia, eficiencia, calidad, calidez, honestidad, responsabilidad y resultados.

Que los compromisos internacionales ratificados por el Estado Plurinacional de Bolivia, en particular la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, ratificada mediante Ley Nº 3068, de 1 de junio de 2005 y la Convención Interamericana contra la Corrupción, ratificada mediante Ley Nº 1743, de 15 de enero de 1997, obligan a los Estados Parte a adoptar medidas eficaces que faciliten la denuncia de actos de concusión, cohecho, soborno y extorsión, disponiendo la instauración de garantías reforzadas para la preservación de la identidad y la protección integral de las personas denunciantes, peritos y testigos.

Que el Parágrafo I del Artículo 5 de la Ley N° 004, de 31 de marzo de 2010, de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz”, señala que su ámbito de aplicación comprende a los servidores y ex servidores públicos de todos los Órganos del Estado Plurinacional, sus entidades e instituciones del nivel central, descentralizadas o desconcentradas, y de las entidades territoriales autónomas, departamentales, municipales, regionales e indígena originario campesinas.

Que el Artículo 2 de la Ley N° 974, de 4 de septiembre de 2017, de Unidades de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, establece como competencia concurrente la gestión de la transparencia, prevención y lucha contra la corrupción, en el marco del Parágrafo II del Artículo 297 de la Constitución Política del Estado, y el Artículo 72 de la Ley N° 031, de 19 de julio de 2010, Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez”.

Que los incisos v) y w) del Artículo 40 del Decreto Supremo Nº 5675, de 13 de agosto de 2026, Organización del Órgano Ejecutivo, modificado por el Decreto Supremo Nº 5706, de 14 de septiembre de 2026, “Cero Corrupción, Transparencia Radical y Probidad Estatal”, disponen como atribuciones del Viceministerio de Transparencia, Lucha Contra la Corrupción, Integridad Pública y Justicia, promover y coordinar acciones de investigación de fortunas y legitimación de ganancias ilícitas, en el marco de sus atribuciones; y ejercer la coordinación técnica e institucional y actuar como instancia de enlace del Órgano Ejecutivo con el Órgano Judicial, el Tribunal Constitucional Plurinacional, el Ministerio Público, Contraloría General del Estado y demás entidades públicas, en el marco de los principios constitucionales de coordinación y colaboración.

Que los incisos y) y aa) del Artículo 40 del Decreto Supremo Nº 5675, modificado por el Decreto Supremo Nº 5706, señalan como atribuciones del Viceministerio de Transparencia, Lucha Contra la Corrupción, Integridad Pública y Justicia, ejecutar acciones de prevención, gestión estratégica y seguimiento a procesos administrativos y judiciales vinculados a hechos de corrupción u otros hechos que, por su naturaleza, alcance o impacto, comprometan la integridad pública, los recursos, el patrimonio o los intereses del Estado, resguardando el debido proceso y actuando en calidad de parte coadyuvante; y realizar el seguimiento y velar por el buen desarrollo de los procesos disciplinarios y penales seguidos contra autoridades judiciales, canalizando ante las instancias competentes las denuncias y reclamos presentados por litigantes y coordinar acciones con la Defensoría del Pueblo.

Que el Artículo 2 del Decreto Supremo N° 5706, de 14 de septiembre de 2026, “Cero Corrupción, Transparencia Radical y Probidad Estatal”, declara prioridad nacional del Estado Plurinacional de Bolivia, la lucha contra la corrupción, la promoción de la integridad pública, el fortalecimiento de la transparencia institucional y la protección de los recursos de interés del Estado, para garantizar el uso eficiente de los recursos públicos, y optimizar la capacidad del Estado frente a hechos que afecten su integridad y consolidar la confianza ciudadana.

Que muchos ciudadanos durante actuaciones judiciales o administrativas relacionadas con el Ministerio Público, Órgano Judicial, Derechos Reales, Tribunal Constitucional Plurinacional y/o la Policía Boliviana, se ven expuestos a cobros al margen de la ley, presiones extorsivas, dádivas y exigencias patrimoniales indebidas por parte de servidoras y servidores o ex servidoras o ex servidores fiscales, judiciales y policiales, entre otros, por lo que es necesario regular la recepción, atención y canalización de denuncias ciudadanas relacionadas con estos hechos. 

EN CONSEJO DE MINISTROS,

DECRETA:

ARTÍCULO 1.- (OBJETO). El presente Decreto Supremo tiene por objeto regular la recepción, atención y canalización de denuncias administrativas relacionadas con hechos o acciones de extorsión, concusión, exacciones, cobros ilegales de dinero o dádivas patrimoniales, presuntamente cometidos por servidoras y servidores públicos o ex servidoras y ex servidores del Ministerio Público, Órgano Judicial, Tribunal Constitucional Plurinacional y la Policía Boliviana, en actuaciones judiciales o administrativas.

ARTÍCULO 2.- (ÁMBITO DE APLICACIÓN).

I.            Las disposiciones del presente Decreto Supremo se aplican a hechos, conductas e irregularidades suscitadas en el marco de actuaciones judiciales o administrativas que involucren a servidoras o servidores públicos, ex servidoras o ex servidores públicos del Ministerio Público, Órgano Judicial, Derechos Reales, Tribunal Constitucional Plurinacional y/o la Policía Boliviana.

II.          Se consideran conductas denunciables la exigencia, solicitud, cobro o recepción indebida de sumas de dinero, dádivas, beneficios patrimoniales, favores, promesas o ventajas para sí mismo o para otra persona o entidad, para admitir, sustanciar, paralizar, dilatar, acelerar, emitir, dejar de emitir o desviar actuaciones judiciales o administrativas.

ARTÍCULO 3.- (COMPETENCIA).

I.            El Viceministerio de Transparencia, Lucha Contra la Corrupción, Integridad Pública y Justicia, dependiente del Ministerio de la Presidencia, es la instancia facultada para recibir, registrar, procesar y canalizar las denuncias administrativas formuladas en el marco del presente Decreto Supremo, a través de su oficina central o enlaces departamentales en todo el Estado Plurinacional de Bolivia.

II.          La recepción de estas denuncias por parte del Viceministerio de Transparencia, Lucha Contra la Corrupción, Integridad Pública y Justicia no constituye revisión de la actividad jurisdiccional o administrativa ni genera suspensión de plazos, ni interfiere en el ejercicio de funciones de las entidades señaladas en el Artículo 2 del presente Decreto Supremo.

ARTÍCULO 4.- (RECEPCIÓN Y REGISTRO DE LA DENUNCIA).

I.            Las denuncias administrativas suscitadas en el marco de actuaciones judiciales o administrativas que involucren a servidoras o servidores públicos, ex servidoras o ex servidores públicos del Ministerio Público, Órgano Judicial, Derechos Reales, Tribunal Constitucional Plurinacional y/o la Policía Boliviana, podrán interponerse de forma escrita:

  1. En la oficina central o enlaces departamentales del Viceministerio de Transparencia, Lucha Contra la Corrupción, Integridad Pública y Justicia, en todo el territorio nacional;
  2. Mediante la plataforma o mecanismo digital habilitado para el efecto por el Viceministerio de Transparencia, Lucha Contra la Corrupción, Integridad Pública y Justicia.

II.          Una vez recibida la denuncia, el Viceministerio de Transparencia, Lucha Contra la Corrupción, Integridad Pública y Justicia procederá a su registro a efectos de realizar la atención y el posterior seguimiento.

ARTÍCULO 5.- (RESERVA DE IDENTIDAD).

I.            En resguardo de la seguridad y protección de las personas que acudan a formular denuncias administrativas por hechos suscitados en actuaciones judiciales o administrativas, en el marco de la normativa vigente, podrá aplicarse la reserva de identidad a solicitud expresa del denunciante o de oficio.

II.          La reserva de identidad subsistirá durante todo el trámite de la denuncia administrativa. Cuando sea derivado a las instancias penales, el Viceministerio de Transparencia, Lucha Contra la Corrupción, Integridad Pública y Justicia, o la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción correspondiente, solicitará a la autoridad competente que dicha reserva se mantenga y se apliquen las medidas de protección a denunciantes y testigos previstas en la normativa vigente.

III.         Dispuesto el régimen de reserva de identidad, se adoptarán las siguientes medidas de estricta observancia:

  1. Asignación inmediata de un código alfanumérico confidencial y único, el cual sustituirá el nombre, cédula de identidad, domicilio, correo y demás datos personales;
  2. Los datos de identidad real quedarán resguardados en archivo físico y digital clasificado, bajo custodia directa y confidencial del Viceministerio de Transparencia, Lucha Contra la Corrupción, Integridad Pública y Justicia, quedando prohibido su acceso a terceros bajo responsabilidad penal y administrativa;
  3. Todos los requerimientos de información, informes y actuaciones de derivación se emitirán haciendo uso exclusivo del código confidencial asignado.

IV.          A solicitud de la parte interesada, la reserva de identidad quedará sin efecto mediante resolución administrativa expresa y motivada del Viceministerio de Transparencia, Lucha Contra la Corrupción, Integridad Pública y Justicia, cuando en la verificación preliminar se compruebe la falsedad de los hechos, la simulación o alteración de elementos indiciarios, o que la denuncia fue interpuesta con manifiesta temeridad o mala fe.

ARTÍCULO 6.- (GESTIÓN Y CANALIZACIÓN DE DENUNCIAS).

I.            Una vez recibida la denuncia administrativa, el Viceministerio de Transparencia, Lucha Contra la Corrupción, Integridad Pública y Justicia procederá a:

  1. La verificación de cumplimiento de requisitos formales;
  2. La gestión de la denuncia, en los casos señalados en el Artículo 15 de la Ley Nº 974, de 4 de septiembre de 2017, de Unidades de Transparencia y Lucha Contra La Corrupción;
  3. La remisión de la denuncia y sus antecedentes a la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción que corresponda para que proceda a la gestión de la denuncia, en los casos no contemplados en el Artículo 15 de la Ley Nº 974 y, si corresponde, copia de la denuncia y sus antecedentes a la instancia disciplinaria del Ministerio Público, Órgano Judicial, Derechos Reales, Tribunal Constitucional Plurinacional o Policía Boliviana, según corresponda;
  4. Ejecutar acciones inmediatas como la remisión de la denuncia al Ministerio Público para que, en el marco de sus atribuciones, evalúe el inicio de la acción penal pública que corresponda, adjuntando los antecedentes bajo la codificación reservada de protección.

II.          En los casos señalados en el inciso c) del Parágrafo precedente, el Viceministerio de Transparencia, Lucha Contra la Corrupción, Integridad Pública y Justicia ejercerá la coordinación, supervisión y evaluación de la gestión de la denuncia, conforme el numeral 1 del Parágrafo I del Artículo 15 de la Ley Nº 974.

ARTÍCULO 7.- (SUJETO COADYUVANTE O QUERELLANTE). El Viceministerio de Transparencia, Lucha Contra la Corrupción, Integridad Pública y Justicia podrá participar en condición de coadyuvante o querellante en procesos penales, conforme el Artículo 15 de la Ley Nº 974 y Artículo 14 Bis de la Ley Nº 004, de 31 de marzo de 2010, de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz”, incorporado por la Ley Nº 1390, de 27 de agosto de 2021, de Fortalecimiento para la Lucha Contra La Corrupción.

ARTÍCULO 8.- (COORDINACIÓN INSTITUCIONAL). El Viceministerio de Transparencia, Lucha Contra la Corrupción, Integridad Pública y Justicia promoverá la suscripción de protocolos operativos y de enlace con el Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura, Tribunal Constitucional Plurinacional, Fiscalía General del Estado y Comando General de la Policía Boliviana, a fin de agilizar los procedimientos, solicitudes de información y seguimiento periódico de las denuncias, sin afectar la independencia de funciones.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA.- En un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles computables a partir de la publicación del presente Decreto Supremo, el Viceministerio de Transparencia, Lucha Contra la Corrupción, Integridad Pública y Justicia publicará la nómina y ubicación de su oficina central y enlaces departamentales, así como las direcciones de acceso a la plataforma o mecanismo digital habilitado para la recepción de denuncias relacionadas con actuaciones judiciales o administrativas.

El señor Ministro de Estado en el Despacho de la Presidencia, queda encargado de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto Supremo.

Es dado en el Palacio de Gobierno, a los trece días del mes de octubre del año dos mil veintiséis.

FDO. RODRIGO PAZ PEREIRA, Héctor Francisco Huanca Gutiérrez, Fernando Hugo Aramayo Carrasco, Ernesto Justiniano Urenda MINISTRO DE DEFENSA E INTERINO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, Marco Antonio Oviedo Huerta, Williams José Bascope Laruta, Carlos Pedro Marcelo Blanco Quintanilla, Marco Antonio Calderón De La Barca Quintanilla, Ricardo Erick Sanjines Chavez, Marcela Tatiana Flores Zambrana, Mauricio Zamora Liebers MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA E INTERINO DE PRODUCCIÓN SOSTENIBLE, MEDIO AMBIENTE Y AGUA.

SUSCRIPCIÓN OBLIGATORIA
DECRETO SUPREMO Nº 690

03 DE NOVIEMBRE DE 2010 .- Dispone la suscripción obligatoria, sin excepción alguna, de todas las entidades del sector público que conforman la estructura organizativa del Organo Ejecutivo, así como de entidades y empresas públicas que se encuentran bajo su dependencia o tuición, a la Gaceta Oficial de Bolivia, dependiente del Ministerio de la Presidencia, para la obtención física de Leyes, Decretos y Resoluciones Supremas.

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